La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha resaltado que la administración andaluza realiza más de 70.000 contratos anuales por un valor superior a los 2.500 millones de euros. Montero asegura que la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el próximo mes de marzo, favorecerá la participación de pymes y autónomos en las licitaciones de la Junta de Andalucía, "la gran base empresarial del tejido productivo en Andalucía". Durante la inauguración en Almería de una jornada de trabajo sobre el nuevo marco normativo de la contratación pública, la consejera ha subrayado que la ley también incidirá en la transparencia y la rendición de cuentas en este ámbito, cuya información será más accesible para los ciudadanos y para las empresas, y reducirá la burocracia, agilizando tiempos en los procedimientos.

La consejera se ha referido al "cambio de paradigma" que se está produciendo en el ámbito de la contratación pública y ha defendido que la propia administración debe transformarse y modernizarse, "para acercarla de nuevo a una ciudadanía, más exigente y consciente de sus derechos y reivindicaciones". María Jesús Montero ha señalado que la aplicación de la nueva ley de contratos debe entenderse como "una estrategia y una oportunidad de cambiar la realidad, de generar riqueza y provocar transformaciones de la economía, la política, la tecnología, la sociedad". "La nueva contratación pública favorece la responsabilidad y el compromiso de las empresas con el empleo justo y la igualdad", ha manifestado.

Durante su intervención, ha subrayado que, además de conseguir las mejores condiciones de calidad y precio en la gestión del gasto público, la contratación de la administración debe promover que se garantice el cumplimiento de las condidiones laborales de los trabajadores, la igualdad entre mujeres y hombres, la integración de colectivos vulnerables, la protección de menores o la transparencia fiscal de las empresas.

Todas las licitaciones de la Junta de Andalucía, ha destacado la consejera, incluyen cláusulas sociales y medioambientales obligatorias y en 2017 todos los contratos públicos de la administración autonómica obligaron a cumplir los convenios colectivos vigentes en cada sector, impidiendo el descuelgue de las empresas permitidos en la reforma laboral aprobada por el Gobierno central.

Guía de cláusulas sociales

Por ello, la Junta acordó el pasado mes de octubre con sindicatos y empresarios la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales que deben cumplir las empresas para contratar con la administración pública. Asimismo, la Consejería de Hacienda elaboró una guía que detalla las cláusulas sociales de obligado cumplimiento que deben aparecer en los pliegos que rigen en todas las licitaciones de la Junta. Además, recoge recomendaciones que pueden establecerse en función del objeto del contrato que se vaya a adjudicar.

Según ha explicado, se trata de mantener los principios de la contratación pública (libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato ente los candidatos y eficiencia en el uso de los recursos), pero dirigidos hacia objetivos comunes como son un "crecimiento inteligente, sostenible e integrador".

La consejera ha enmarcado la incorporación de cláusulas sociales en los contratos en la capacidad desde la política de "cambiar la realidad para hacerla más justa y equitativa, más sostenible y sensible a las necesidades de las personas". Con ello se favorece la "responsabilidad corporativa de las organizaciones que contratan con la administración pública" y la "transformación hacia una economía generadora de valor social, que promociona y consolida un tejido empresarial sostenible, con un fuerte compromiso social y medioambiental".