Andalucía ha destinado durante los últimos cuatro años 66.485 millones de euros, dos tercios de sus presupuestos, a programas que priorizan la igualdad de género en su gestión. Se trata de los llamados presupuestos G+, una política transversal que ha sido destacada por organismos internacionales como referente en materia de género para los países del G7 (informe Gender Budgeting in G7).

Este presupuesto visibiliza, según ha informado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, el "compromiso real del Gobierno andaluz con la igualdad de género", que se reforzará con la próxima reforma de la Ley andaluza de Igualdad de Género. Esta reforma permitirá dotar a la Administración autonómica de capacidad sancionadora ante la desigualdad y la discriminación por razón de género, lo que garantizará una igualdad queen la actualidad está en las leyes, pero que no es real porque faltan los mecanismos de control.

Desde la Consejería se insiste en la necesidad de que el Gobierno central tome medidas legales para erradicar desigualdades como la brecha salarial de género, tal y como marca la Comisión Europea, que recomienda a los países miembros impulsar auditorías en las empresas y transparencia para sacar a la luz diferencias retributivas por sexo de cara a fomentar la igualdad salarial de hombres y mujeres.

Andalucía ya está dando pasos pioneros con medidas como las contempladas en la reforma de la Ley autonómica, que prevé crear un plan andaluz específico extraordinario para la eliminación de la discriminación salarial por razón de género y la realización periódica de estudios sobre igualdad salarial en  las empresas  y sectores de la comunidad, además de una planificación anual de medidas para la comisión autonómica de la Inspección de Trabajo.

En esta materia resulta fundamental la coeducación como herramienta de concienciación en materia de género, así como para la prevención de todo tipo de violencia machista. En este sentido, la consejera ha instado al Ejecutivo central a aplicar de manera inmediata las medidas legislativas y la financiación contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso en septiembre de 2017. La igualdad de trato y el respeto a los derechos humanos de las mujeres es un deber recogido en la legislación autonómica, nacional e internacional, por lo que su incumplimiento "debe tener consecuencias, como en todo estado de derecho", ha recalcado.