La Junta de Andalucía ha tramitado en el último año un millón de facturas vinculadas a sanidad, educación y servicios sociales, con un importe total de 4.318 millones de euros y una media de tiempo de pago de seis días, muy por debajo de los 20 fijados en el decreto que implantó esta garantía, en vigor desde marzo de 2017. Así se recoge en la primera memoria anual de actuaciones de la Oficina de Atención a Personas Acreedoras, constituida a raíz de la aprobación de la norma.

El balance ha sido presentado al Consejo de Gobierno por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien ha destacado que esta iniciativa "da seguridad a empresas y ciudadanos, refuerza los servicios públicos y asegura la sostenibilidad del estado del bienestar, consolidando un derecho de nueva generación que no existe en ninguna otra administración". Los abonos en tiempo reducido han llegado a más de 192.000 empresas y personas, entre proveedores de servicios y perceptores de ayudas directas.

El pago a 20 días, por debajo de los 30 que marca el Gobierno central, se establece a través de una garantía que, en caso de retraso, permite a las empresas cobrar sus facturas directamente en una entidad bancaria. Durante el año de vigencia del decreto, ninguna empresa ha ejercido este derecho. En relación con ello, la consejera ha señalado que "la medida protege a las empresas que contratan con la Junta de Andalucía, especialmente a las pymes y a los miles de trabajadores que dependen de estos contratos, desde comedores escolares a empresas de limpieza o seguridad".

Los 20 días también rigen para el abono de becas y ayudas al estudio, medicamentos a las oficinas de farmacia y compensaciones económicas por la asistencia jurídica gratuita. En el caso de las de subvenciones destinadas a las prestaciones fundamentales de salud, educación y servicios sociales, la norma fijó por vez primera un periodo máximo de 45 días para su percepción.

Montero ha subrayado que, aunque el decreto se circunscribe a estas áreas prioritarias, su desarrollo ha servido también como motor para acelerar el resto de los pagos de la Administración autonómica. En el cómputo global de todos ellos, Andalucía se sitúa como la comunidad autónoma de régimen común que abona sus facturas en menor plazo, 18 días por debajo de la media y 25 antes que la Administración central.

Un millón de facturas

Del total de los 4.318 millones de euros de pagos garantizados en los tres ámbitos prioritarios, 2.189 (el 52%) correspondieron a proveedores del sector sanitario, 1.156 (27%) a los de educación y 972 (22%) a los de servicios sociales. Casi dos tercios (el 57%) se destinaron a financiar contratos vinculados a servicios asistenciales; conciertos y convenios; mantenimiento de instalaciones (limpieza, seguridad y vigilancia), y suministros de electricidad, agua y combustible, necesarios para el funcionamiento de los centros e instalaciones. El 43% restante fue para el abono de prestaciones, ayudas y subvenciones a particulares, asociaciones y entidades locales.

Dentro del sector sanitario, 1.379 millones (63% del total) se destinaron a farmacias para la dispensación de medicamentos; 335 millones (15%) a la asistencia (hemodiálisis, pruebas diganósticas, transporte sanitario), 70 millones (3%) a suministros básicos de los centros.

El área educativa generó el mayor número de facturas, más de 800.000, por un importe total de 1.156 millones de euros. El 60% de los pagos correspondió a la enseñanza concertada y el 20% al primer ciclo de la Educación Infantil. Destacaron en este ámbito los servicios fundamentales para la conciliación familiar, entre ellos los comedores (32,5 millones) y el aula matinal, las actividades extraescolares y el transporte escolar (55,4 millones de euros); el programa de gratuidad de libros de texto (75,8 millones de euros), y las becas y ayudas al estudio (64,4 millones).

Respecto a los servicios sociales, el 88% de los pagos (855 millones) se destinó a prestaciones, ayudas y subvenciones para residencias de personas mayores, unidades de estancia diurna, ayuda a domicilio y respiro familiar. Otros 60 millones sufragaron convenios y pagos a ayuntamientos para los servicios sociales comunitarios y para la atención a la dependencia, a las mujeres y la población migrante. Los pagos vinculados a la justicia gratuita y a los servicios de orientación alcanzaron los 42 millones de euros.

En la Oficina de Atención a Personas Acreedoras los interesados pueden acceder a la información sobre el estado de tramitación de sus facturas y obtener un certificado que acredite la deuda vencida en el caso de reclamación por demora. En estas situaciones, el proveedor recibe contestación en siete días hábiles indicándole la fecha prevista para el abono de la factura.

Ayudas a los municipios turísticos

Las 18 localidades con la declaración de Municipio Turístico engloban una población de casi 640.000 habitantes.

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha presentado al Consejo de Gobierno un informe sobre la línea de ayudas a las localidades andaluzas declaradas Municipio Turístico, que en 2018 cuenta con una dotación de tres millones de euros para reforzar la competitividad de estos destinos y garantizar la calidad de sus servicios.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) el pasado 17 de abril, se dirige a los 18 municipios Turísticos declarados actualmente en la comunidad: Roquetas de Mar (Almería); Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Chipiona, Rota y Tarifa (Cádiz); Almuñécar (Granada); Almonte, Aracena y Punta Umbría (Huelva); Baeza y Cazorla (Jaén); Benalmádena, Fuengirola, Nerja, Ronda y Torremolinos (Málaga), y Santiponce (Sevilla).

Estas subvenciones ya se concedieron por primera vez el pasado ejercicio, con lo que el respaldo total suma unos seis millones de euros en dos años. Fernández ha destacado que, con la nueva convocatoria, se consolidan unos apoyos de gran importancia para que las localidades que ven aumentada su población con la llegada de visitantes ofrezcan servicios públicos de calidad y apuesten por un turismo sostenible.

El pasado año se concedieron 2,9 millones de euros para los municipios (13 costeros y cinco de interior), cuya población suma más de 637.000 habitantes. Las ayudas financiaron 44 proyectos, destinados fundamentalmente a museos y centros de interpretación, zonas arqueológicas, señalización, eficiencia energética, rutas turísticas y mejoras de accesibilidad.

Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia no competitiva y pueden alcanzar hasta el 100% del importe de proyectos como los relativos a dotación de equipamiento en espacios públicos de interés turístico y cultural, la puesta en valor del patrimonio, la señalización, la creación de rutas, la adaptación a las nuevas tecnologías o la mejora de la accesibilidad.

La figura de Municipio Turístico está regulada por un decreto aprobado en 2017 en sustitución del vigente desde 2002. Como principal novedad, esta norma suprimió la exigencia de una población superior a los 5.000 habitantes para obtener la declaración. Con ello, cualquier ayuntamiento puede acceder a sus beneficios siempre que cumpla con los requisitos establecidos y que la población de referencia sea inferior a 100.000 personas.

De acuerdo con el decreto, el reconocimiento de una localidad como Municipio Turístico conlleva la mención de esta condición en las acciones promocionales del destino que desarrolle la Junta, así como la posibilidad de firmar convenios de colaboración en los que, como novedad, pueden participar otros departamentos del Gobierno autonómico, además de la Consejería de Turismo y Deporte.

Requisitos

Entre los requisitos necesarios para acceder a la declaración destaca el del mínimo de población visitante asistida por la entidad local solicitante, que debe acreditarse bien mediante la cifra de pernoctaciones bien por la de visitas. De este modo, la media de estancias en establecimientos de alojamiento deberá superar el 10% de la población total o alcanzar este porcentaje durante al menos tres meses al año. En cuanto a los visitantes, su número tiene que ser cinco veces superior al de vecinos inscritos en el padrón al menos durante treinta días al año, para lo que se justifican las visitas diarias al recurso turístico que registre mayor afluencia en el municipio.

La localidad aspirante también debe acreditar la existencia de un plan municipal de calidad turística y de una oferta consistente basada en recursos patrimoniales, naturales, culturales, etnográficos, deportivos y de ocio, y dotada de unas infraestructuras mínimas para atender a los visitantes.

Además de estos requisitos, la valoración de las solicitudes exige también el cumplimiento de al menos diez de un total de 17 condiciones. Entre ellas destacan que el ayuntamiento destine un presupuesto específico a promoción e infraestructuras turísticas; la existencia de oficinas de turismo; iniciativas de defensa y restauración del patrimonio; relevancia de los recursos turísticos del término municipal, especialmente los bienes de interés cultural; desarrollo de planes vinculados al sector o de accesibilidad; ubicación en un espacio natural protegido; servicios sanitarios que se prestan, o un adecuado planeamiento urbanístico.