Los institutos andaluces de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) examinaron a 69.942 personas a petición de los juzgados y tribunales durante el pasado año para valorar y determinar el daño corporal producido, según un balance de la Consejería de Justicia e Interior, de la que dependen estos organismos.

La mayoría de las periciales solicitadas por los órganos judiciales, 35.663, se realizaron por lesiones, mientras que 18.354 correspondían a informes psiquiátricos, 580 a agresiones sexuales y 190 a situaciones de mala praxis. En cuanto a las personas valoradas, destaca la cifra de víctimas de agresiones, 27.815, seguida de las de accidentes de tráfico, 4.036, y la de accidentes laborales, 1.198.

Además, los servicios de patología forense de estos institutos llevaron a cabo 4.216 autopsias, de las cuales 1.684 fueron muertes violentas y 2.532 por causas naturales. Además, los profesionales del servicio realizaron cuatro exhumaciones y enviaron muestras de 2.983 autopsias al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Andalucía cuenta con ocho centros de Medicina Legal y Ciencias Forenses, uno en cada provincia, en los que prestan servicio un total de 189 médicos y 68 funcionarios, a los que ahora se suman los 35 profesionales (psicólogos y trabajadores sociales) de los equipos psicosociales que se han integrado en su estructura tras la reciente aprobación de la modificación del decreto regulador de estos organismos.

El IMLCF es un organismo donde los profesionales de la medicina forense realizan su trabajo de una manera especializada y organizada, para lo que disponen de un servicio de Clínica Forense donde se estudian todas las cuestiones de salud relacionadas con los hechos seguidos desde los juzgados y tribunales en la esfera civil, penal y social. Todos los institutos cuentan con un servicio de Patología Forense, en el que se lleva a cabo la investigación sobre las causas y circunstancias de un fallecimiento en los casos de muertes violentas o en los que existan dudas sobre su etiología y, por tanto, sean sospechosas de tener un origen criminal.

Ahora, además se ha integrado en la estructura de los institutos los equipos psicosociales al servicio de la Administración de Justicia, encargados de elaborar los informes periciales en materia de familia que solicitan los órganos judiciales. La integración de estos equipos se lleva a cabo garantizando su autonomía e incorporando su especialización y experiencia para ofrecer un servicio integral en la emisión de las pruebas periciales que solicitan los órganos judiciales.

Violencia de género

Estos institutos disponen también de unidades de valoración integral de violencia de género (UVIG), que se encargan de informar a requerimiento de órganos judiciales y fiscalías con competencia en la materia sobre la valoración de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas de malos tratos.

Además, estas unidades informan sobre los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos menores a cargo de las mujeres víctimas y también sobre la valoración de la incidencia, peligrosidad objetiva y riesgo de reincidencia del denunciado. En este ámbito, el pasado año se realizaron 6.100 actuaciones en asuntos penales y 330 en asuntos civiles.

Por otra parte, la modificación del decreto, vigente desde 2012, incorpora finalmente la regulación de los supuestos en los que particulares y entidades aseguradoras pueden solicitar de forma extrajudicial a los IMLCF un informe de valoración de daños y perjuicios causados a personas en accidentes de circulación.