El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha recalcado que para el Gobierno andaluz es "una prioridad" la consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la enseñanza y "una necesidad" reconocer a los docentes andaluces como autoridad pública, así como fomentar "la consideración y el respeto que le son debidos" en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido, Imbroda ha informado en el Pleno del Parlamento que el trámite de consulta pública del borrador del Proyecto de Ley de Reconocimiento de la Autoridad Docente estará abierto hasta el próximo 12 de marzo. Así, el consejero ha avanzado que ya se han recibido algunas aportaciones de la comunidad educativa y "estamos a la espera de que concluya el plazo para la inclusión de las propuestas en el anteproyecto final".

Para el titular de Educación, con la consideración del docente como autoridad pública se podrá garantizar "un adecuado clima que favorezca la convivencia en los centros, la trasmisión de valores y el aprendizaje de los jóvenes".

Para Javier Imbroda esta iniciativa pone "por fin" al docente andaluz en el lugar que se merece, reconociendo su labor y dotándole de una herramienta para que puede llevar a cabo su trabajo de manera eficaz, y todo ello "se ha hecho en apenas un mes".

El borrador de la ley admite, entre otros, el reconocimiento como autoridad pública del docente, la presunción de veracidad tanto para el profesorado como para los equipos directivos, el derecho a la asistencia jurídica o el establecimiento de un marco para la fijación de normas y medidas disciplinarias.

La futura norma se aplicará al conjunto de los docentes en el ámbito educativo no sólo en las actividades educativas que se realizan en el centro y dentro del horario, sino también en las que se desarrollen durante la realización de actividades complementarias y/o extraescolares y que requieran la presencia de los maestros y profesores.

Extinción de la Agencia de Evaluación Educativa

El consejero de Educación y Deporte también ha informado de la extinción de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE), con cuya eliminación se "despolitiza la evaluación", otorgando más protagonismo a los técnicos, que son, según ha expuesto, "a los que corresponde adoptar determinadas decisiones en esta materia".

Imbroda ha explicado los distintos motivos de la eliminación de AGAEVE, que se llevará a cabo en un plazo máximo de seis meses. Además del criterio económico, con un ahorro que supera los 500.000 euros en costes de servicio, ha señalado que la principal motivación es "hacer de la evaluación una parte integral del trabajo de la Consejería". Para ello, como indica el Decreto de estructura, es la dirección general de Ordenación y Evaluación Educativa la que asume las funciones de AGAEVE, lo que supone "una gran ventaja por la rapidez e inmediatez de la evaluación de las actuaciones de la Consejería, evitando así duplicidades".

Por último, el titular de Educación ha hecho hincapié en el papel de la Inspección Educativa que, a partir de ahora, "queda delimitado", así como la labor de los técnicos, "que recuperan el protagonismo en materia de evaluación", recogiendo así una reclamación de numerosos colectivos del sector educativo.