La Junta de Andalucía va a poner fin al modelo de arrendamiento de sedes judiciales para ir paulatinamente adquiriendo sedes en propiedad, según anunció en el Parlamento el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín.

Así, el consejero de Justicia informó en que el gasto anual en relación a los alquileres de oficinas judiciales asciende a la cantidad de 25.243.348,81 euros, siendo la cuantía más importante la que se abona por la Ciudad de la Justicia de Córdoba hasta el año 2042, momento en que pasará a propiedad de la Junta de Andalucía, y que supone un montante de 10.439.819,48 euros anuales. En Sevilla, hacer realidad el proyecto de la Ciudad de la Justicia supondría un ahorro anual de 5,34 millones de euros, que podrían reinvertirse en mejorar las infraestructuras judiciales. En Cádiz, este ahorro llegaría a más de 800.000 euros.

Para Juan Marín, estos 25 millones de euros suponen "un sangrado" para las arcas autonómicas por dos motivos. En primer lugar, la creación de nuevos juzgados que nunca dejan un margen de actuación superior a los 12 meses, conlleva tener que actuar de modo rápido y diligente, por lo que se hace obligatoria la búsqueda de nuevos inmuebles arrendados. Por otro lado, la existencia de contratos de arrendamiento de décadas pasadas, con deficientes instalaciones (principalmente en materia de accesibilidad, contraincendios y climatización, etc), provoca la necesidad de acometer obras de adecuación, adaptación, reformas y rehabilitaciones, que no se pueden acometer, por estar lógicamente vedado el uso de fondos públicos en inmuebles de titularidad privada.