La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha desvelado este jueves en la Comisión de Igualdad en el Parlamento de Andalucía que su departamento está haciendo gestiones con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con la finalidad de evitar la devolución de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque el anterior Ejecutivo autonómico repartió algunos conceptos de gastos en partidas presupuestarias que son consideradas por la Administración General del Estado como gastos no financiables.

Rocío Ruiz ha precisado que se trata de todas aquellas partidas que se han imputado al Capítulo VI (inversiones) del Presupuesto de Gastos ejecutadas por la Consejería de Salud y que ascienden a 200.000 euros. En estos momentos, las gestiones del Ejecutivo andaluz van encaminadas a que estos gastos "sean aceptados en aras de evitar la devolución de los recursos empleados al Estado".

Durante su intervención, la consejera ha detallado la financiación que Andalucía ha recibido por parte del Gobierno de España en relación con los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En este sentido, ha destacado que la Tesorería General de la Junta de Andalucía recibió dos transferencias: una en octubre de 2018 por valor de 11,4 millones de euros y otra en noviembre pasado que ascendió a 3,8 millones. En total, cerca de 15,3 millones de euros, de los cuales a 31 de diciembre tan solo se habían ejecutado 200.000 euros consignados a la Consejería de Salud y que ahora están en cuestión porque la Administración General del Estado los considera gastos no financiables.

Lentitud de los recursos

Ruiz ha lamentado "la tardanza con la que llegaron estos recursos, en octubre del pasado año, pese a que el Gobierno central prometió que sería antes". Así como la falta "de impulso y seguimiento a la ejecución de las partidas" para parte de los anteriores responsables autonómicos.

Ante esta situación, la consejera se ha comprometido con los fondos que deben recibirse en 2019 a impulsar "una distribución de los recursos en función de la capacidad de gasto de cada Consejería y Agencia, atendiendo, en todo momento, a las necesidades reales de las víctimas de violencia de género, así como a las actuaciones imprescindibles para la sensibilización y prevención de dicha violencia, en aras de la erradicación de la misma".

En esta línea, avanzó que "vamos a primar las políticas de educación para prevenir la violencia de género; vamos a mejorar la asistencia a las víctimas y también, vamos a fomentar las políticas de empleo para mujeres que necesitan encontrar un sustento lejos de su maltratador y verdugo".

Ruiz no ha querido dejar de pasar la ocasión de reclamar a todos los grupos políticos que "la lucha contra la violencia de género debe estar fuera de todo debate partidista y electoralista". Y ha insistido en que "debemos evitar convertir este Pacto de Estado en un arma arrojadiza".

"Nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género es firme y manifiesto. De ahí, que vayamos a emplear todos los recursos a nuestra disposición con mayor eficacia y eficiencia que hasta el momento se han dispuesto", ha concluido.