Un total de 27.658 personas fallecieron en los últimos tres años en Andalucía mientras esperaban, ya fuera de plazo, la tramitación de su grado de dependencia o la resolución de su programa individual de atención (PIA). Así lo ha denunciado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien ha informado este miércoles en una comparecencia parlamentaria sobre el plan de choque que su departamento ha puesto en marcha desde el 1 de abril en materia de dependencia.

Durante su intervención, Ruiz ha subrayado que "nuestros mayores no se merecen que, después de una vida completamente dedicada a velar por nuestro bienestar y por nuestro futuro, tengan que esperar meses e incluso años a que se les reconozca una situación de dependencia para acceder a los servicios y prestaciones a los que tienen derecho. Personas que incluso fallecen sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia, lo cual resulta extremadamente dramático", ha expresado.

Por ello, la consejera ha anunciado que "se priorizará la incorporación al sistema de los más de 31.500 menores de 18 años y mayores de 80 en lista de espera, muchos de ellos ya valorados como grandes dependientes e incluso algunos aún sin valorar".

Ruiz ha detallado el informe elaborado por su Consejería y ha detectado que en la actualidad hay 110.447 personas que están pendientes de ser atendidas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según los datos actualizados a 28 de febrero, una cifra que incrementa en más de un 45% las cifras de lista de espera.

La responsable de las políticas sociales de la Junta ha criticado que, según los datos recogidos en dicho informe, un total de 75.132 personas están actualmente pendientes de que se les realice su PIA y así poder disfrutar de algún recurso del catálogo de la Ley de Dependencia: desde una prestación económica a la atención residencial, pasando por el centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia...

Además, "este informe ha concluido que 35.315 andaluces no estaban contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente. Son personas que han presentado su solicitud, pero ni siquiera se les ha llamado y están pendientes de ser valoradas para determinar su grado de dependencia", ha recordado la consejera.

Por otra parte, Ruiz ha resaltado que "un hecho que agrava más la situación es que hemos descubierto que existe un número indeterminado de solicitudes, que podríamos decir que están en el limbo de la burocracia, ya que al tramitarse todo en papel y no existir una aplicación informática, forman montañas de papeles que no aparecen reflejadas en ningún sistema de información".

77 millones de inversión

De ahí la puesta en marcha de este plan de choque en materia de Dependencia, que contará con una inversión de 77 millones de euros y que tendrá como objetivos simplificar los trámites, agilizar la lista de espera y garantizar el cumplimiento de los plazos de concesión de las prestaciones y servicios que prevé aunar en un único procedimiento los trámites para el reconocimiento de la situación y para la concesión de las ayudas, que actualmente se gestionaban por separado y por fases.

"Vamos a revisar y actualizar, desde una perspectiva integral, todo el funcionamiento del sistema de prestaciones de la atención a la dependencia, para adecuarlo a la realidad y a las necesidades del conjunto de personas usuarias", ha destacado la consejera.

Rocío Ruiz ha detallado la batería de medidas que se llevarán a cabo dentro de este plan, como serán la simplificación de los trámites y de la documentación solicitada, la potenciación de la digitalización para avanzar hacia el procedimiento electrónico, la interoperabilidad con otros sistemas que tengan relación con la dependencia, la revisión tanto de los criterios de gestión como de los protocolos de actuación y la mejora de la coordinación entre el sistema social y sanitario. "Todo ello redundará en un sistema más seguro, transparente y accesible, así como en la agilización del procedimiento administrativo y, por tanto, en la reducción del tiempo de espera", ha explicado.

La consejera también ha desglosado los 77 millones de presupuesto destinado al plan de choque: 36,6 millones de euros para la ayuda a domicilio; 14,1 millones para cuidados en el entorno familiar; 15,7 millones de euros para atención residencial; 4,4 millones de euros para centros de día; y 6,6 millones de euros con destino a la prestación económica vinculada al servicio.

"Un aumento de la financiación que apuesta por los servicios de proximidad, y que va a mejorar los recursos de los que se dispone para las prestaciones y servicios de la dependencia", ha señalado Ruiz, que ha contrapuesto el esfuerzo presupuestario "con la dejación de funciones del anterior Gobierno, que dejó sin ejecutar más de 35,2 millones del presupuesto de Dependencia durante los años 2017 y 2018".

Por último, la consejera ha instado "al próximo Gobierno que surja tras las elecciones del 28 de abril a que convoque, de manera urgente e inmediata, la Conferencia de Presidentes para dar una solución real y efectiva a la aplicación de la Dependencia, así como al nuevo modelo de financiación autonómica".