La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado en la Comisión de Discapacidad en el Parlamento que la Junta de Andalucía va a realizar el desarrollo reglamentario de la Ley 11/2011 por la que se regula el uso de la Lengua de Signos Española, "que debía haberse realizado en un plazo máximo de tres años a partir de su aprobación y el anterior Gobierno nunca hizo, por lo que lleva ochos años retraso".

En este sentido, Ruiz ha asegurado que "vamos a esforzarnos por solventar obstáculos y hacer más accesible, más igualitaria, la sociedad andaluza, trabajando en defensa de la autonomía personal y la plena inclusión de las personas con discapacidad".

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha informado de que "hemos diseñado nuestro plan inicial de actuación, con medidas en las que ya estamos trabajando". Entre ellas ha resaltado el desarrollo reglamentario previsto en la disposición final primera de la Ley 11/2011, que recoja las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de las barreras en la comunicación en Andalucía.

Por ello, ha indicado que se va a poner en marcha, "antes de que finalice este año, una Oficina Técnica de Accesibilidad Cognitiva, para garantizar entornos accesibles y propiciar la comprensión de la información que rodea a las personas con discapacidad, porque es un derecho subjetivo y una condición indispensable para que puedan participar en igualdad de condiciones en la sociedad".

Será la segunda oficina de este tipo en España (hay una en Extremadura) y se encargará de marcar las directrices y ofrecer servicios de promoción, asistencia, formación, evaluación e investigación sobre accesibilidad cognitiva en edificios y servicios públicos.

Adaptación de materiales

Por otra parte, ha anunciado que se asesorará también sobre la adaptación de materiales y documentos a lectura fácil y se van a mantener las líneas de subvención para el impulso de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, hasta alcanzar los 327.500 euros para 2019 a la Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas.

Otra cuestión destacada por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación es la puesta en marcha de talleres sobre uso de la lengua de signos en los colegios de Educación Primaria y en los institutos de Secundaria, así como la mejora de "las condiciones de accesibilidad y las pautas de atención e interacción con las personas con discapacidad auditiva en los centros sanitarios, que es una de las reivindicaciones de este colectivo".

En Andalucía, hay 40.359 personas con discapacidad auditiva reconocida, lo que supone que han sido estudiadas en los Centros de Valoración y Orientación y se les ha reconocido un grado de discapacidad de, al menos, un 33%. De ellas, 19.580 son hombres y 20.779 son mujeres. El 43% del total corresponde a mayores de 65 años. Por su parte, 730 personas presentan conjuntamente déficits auditivos y visuales.