La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha planteado en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Pesca una defensa férrea al Gobierno central para que no se prorrogue la situación de excepcionalidad en la comercialización de la chirla italiana, que supone una competencia desleal para la andaluza. La Comisión Europea viene autorizando la excepción de que Italia pueda comercializar su chirla de 22 milímetros que no cumple con el Reglamento de Pesca del Mediterráneo, el cual establece la talla mínima en 25 milímetros, un tamaño que sí cumple la chirla andaluza. La consejera ha sido clara en su petición al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque "hay que decirle a la comisión que no se puede dar esta situación de competencia desleal para que no haya más prórrogas de esta excepcionalidad".

Entre los asuntos abordados en este ministerio en la reunión de las comunidades autónomas, Andalucía ha planteado además la situación que vive la pesca del Golfo de Cádiz, especialmente con los problemas que plantea al sector las cuotas de la pesca de sardina y los bajos precios del boquerón, que están llevando a muchas pérdidas económicas a los profesionales. En este sentido, Crespo ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación haya decidido crear un grupo de trabajo para estudiar la situación de la pesquería de la sardina y la posibilidad de arbitrar nuevas ayudas.

En último término, en esta reunión mantenida en Madrid se ha puesto de manifiesto por parte de las distintas comunidades la necesidad de proceder a una mayor flexibilidad en la ejecución de las ayudas comunitarias del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

Con anterioridad a la reunión en torno al sector pesquero, ha tenido lugar el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que Andalucía ha insistido en dos planteamientos que considera fundamentales en la nueva Política Agraria Común (PAC): por un lado, que la cuestión del agricultor genuino (entiéndase por éste todo el que realiza actividad agraria) sea obligatoria, ya que está asociado a la producción; y del otro, que en lo que se refiere a los planteamientos del eco-esquema, se tenga en cuenta que la agricultura es un sumidero de CO2 en sí misma, por lo que tiene que haber recursos económicos para todas las medidas obligatorias que plantean dicho eco-esquema.

Reclamación de nuevas ayudas al sector del olivar

La consejera ha vuelto a reclamar "una PAC fuerte con unos presupuestos fuertes y, en ello, vamos a pelear unidos con el Ministerio", posicionándose en cualquier caso en que no se adopten decisiones parciales sin tener definido el marco financiero, sin determinarse los posibles efectos del Brexit y sin haberse constituido aún el Consejo Europeo. Para Crespo, las incertidumbres actuales hacen que "no sea un buen momento para abrir el debate sobre cuestiones que son fundamentales para Andalucía dentro de la Política Agraria Común".

Finalmente, la titular de Agricultura del Gobierno Andaluz ha reclamado que se concedan ayudas asociadas a las producciones del olivar tradicional y a la aceituna de mesa, al tiempo que ha insistido en la necesidad de que la OCM actualice los umbrales de referencia de cara al almacenamiento privado de aceite y que se proceda a una autorregulación en el sector que permita una mayor estabilidad de los precios, algo que también sería factible para el caso de los cítricos.