El Consejo de Gobierno ha aprobado la tramitación de una transferencia de créditos por importe de 11.617.341,43 euros para financiar el desarrollo y la ampliación de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género para el ejercicio 2019, que se repartirá entre diferentes consejerías.

Se trata de una partida que afecta a varias secciones y capítulos del servicio Transferencias finalistas, lo que repercutirá en el desarrollo de programas de diversas consejerías de la Junta de Andalucía: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Empleo, Formación y Trabajo Autónomo; Salud y Familias; Educación y Deporte; Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, además de la propia Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

El desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género contemplaba una cuantía de 15.280.001,81 euros para la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2018. De esta cantidad, el Gobierno anterior sólo justificó 200.000 euros, por lo que los 15.080.001,81 restantes pasaron a estar consignados en el presupuesto de 2019 como créditos iniciales en los mismos términos que en el ejercicio 2018 -tanto a consejerías y agencias beneficiarias como a cantidades asignadas-.

No obstante, el tiempo transcurrido desde la dotación inicial y el devenir de las necesidades de gasto de las consejerías y agencias han dado lugar a modificar los importes y conceptos de gasto inicialmente asignados para desarrollar o ampliar los proyectos contemplados. La modificación afecta a una cantidad de 11,6 millones de euros, el resto no ha sufrido variación.

De esta forma, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha tramitado un expediente único considerando la mayor eficacia en la gestión de las referidas modificaciones presupuestarias al tener atribuidas las competencias en violencia de género.

Todo ello después de solicitar a las correspondientes consejerías y agencias una memoria de las actuaciones y proyectos que se van a desarrollar gracias a estos recursos y de requerir a la Dirección General de Presupuestos la preceptiva autorización para efectuar la propuesta de modificación presupuestaria, que no altera los objetivos de los programas presupuestados.