La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad prevé movilizar inversiones que rondarán los 3.000 millones de euros con las medidas para simplificar y agilizar la tramitación de proyectos estratégicos contenidas en el decreto ley recientemente aprobado el pasado 10 de diciembre en Consejo de Gobierno y que publica el BOJA. Desde el pasado mes de junio se han declarado estratégicos proyectos por importe de 1.700 millones, encontrándose en cartera iniciativas por valor de otros 1.300 millones y que podían resolverse antes del próximo verano.

El consejero Rogelio Velasco destaca que el decreto ley para el Fomento de Iniciativas Económicas mediante la Agilización y Simplificación Administrativa en la tramitación de Proyectos y su Declaración de Interés Estratégico responde a la necesidad de potenciar inversiones de alto valor añadido en Andalucía. En ese sentido, explica que dicha norma clarifica y amplía las categorías de proyectos que pueden obtener esa consideración, dándose prioridad a iniciativas de economía circular, eco innovación o que contribuyan al desarrollo energético sostenible de la región, "en consonancia con las exigencias del nuevo paradigma de crecimiento económico", afirma el consejero.

Además, asegura que la aprobación de esta figura normativa tiene como objetivo simplificar y reducir los trámites y plazos administrativos, con el fin de eliminar trabas que puedan dificultar la inversión, de acuerdo con las nuevas directrices marcadas por el actual Ejecutivo andaluz de favorecer el impulso de cualquier actividad económica.

Según asegura Velasco, la reforma afecta al procedimiento de declaración de interés estratégico tanto en la fase previa (ampliándose a proyectos de sectores que fomentan el crecimiento sostenible u otros de carácter social, como las inversiones en materia de atención a la dependencia) como en el posterior desarrollo de los proyectos. En la fase inicial se facilita que proyectos con un importe de inversión de 25 millones de euros o con un nivel de generación de empleo de 50 trabajadores puedan acogerse a esta figura e incluso abre la posibilidad a analizar iniciativas que, aun no alcanzando estos niveles mínimos de inversión y empleo, puedan contribuir al desarrollo económico de Andalucía.

Reducción de los plazos de emisión de informes

A juicio del consejero "esta nueva regulación elimina ambigüedades y simplifica la documentación exigida a los promotores de las iniciativas". El decreto ley reduce los trámites administrativos y centraliza en la Consejería de Economía la recepción de solicitudes –hasta ahora dispersos en todos los departamentos de la Junta–. Una Comisión de Política Económica será la encargada de iniciar el procedimiento y tendrá el plazo de un mes para informar y recabar del conjunto de consejerías la valoración inicial del proyecto respecto a su viabilidad administrativa. A su vez, este órgano remitirá en diez días el informe sobre el proyecto, que servirá de base para que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos proceda, en su caso, a declarar de interés estratégico para Andalucía la propuesta presentada.

Una vez que los proyectos son declarados de interés estratégico, una Unidad Aceleradora, organismo de nueva creación adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, velará por el cumplimiento por parte de la Administración en cuanto a los plazos de emisión de informes y autorizaciones. Dicha unidad impulsará y coordinará las actuaciones de inversión para lograr una tramitación preferente y urgente, estableciéndose, con carácter general, la reducción de los plazos a la mitad: desde los pasando de los 3 ó 4 meses actuales a 90 días.

El consejero de Economía, que hace hincapié en que "se ha dado el paso definitivo para culminar un proceso que va a repercutir directamente en la mejora de las condiciones económicas de Andalucía", apunta que este decreto ley también introduce cambios en la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), derogando el artículo 41 y modificando el 38 y el 39 para aportar mayor claridad y seguridad jurídica, "sobre todo en actuaciones relacionadas con urbanismo".