El nuevo Gobierno andaluz se ha fijado como objetivo movilizar una media anual de 200 millones de euros en políticas forestales dentro de la denominada 'Revolución Verde'. Esta acción se enmarca en la adecuación del Plan Forestal de Andalucía, cuya formulación ha aprobado el Consejo de Gobierno para los próximos diez años. La adaptación tiene tres objetivos fundamentales: evaluar las actuaciones realizadas, adecuar la gestión del medio natural a los nuevos retos existentes en un escenario de cambio global y proponer la revisión de la normativa forestal para lograr una mayor simplificación administrativa.

El Plan Forestal Andaluz fue aprobado el 7 de febrero de 1989 y la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, constituye el principal elemento de ordenación y gestión del sector forestal en la comunidad autónoma. Su plazo de vigencia quedó fijado en 60 años y se estableció que su ejecución se llevaría a cabo en fases decenales, con revisiones de su cumplimiento cada cinco años.

Hasta la fecha, este planteamiento no se había cumplido y se había llevado a cabo de forma parcial. De hecho, sólo se han aprobado tres revisiones del documento original para los periodos 1997-2001, 2003-2007 y 2010-2015. En 2016, por acuerdo del Consejo de Gobierno, se aprobó la formulación de una nueva adecuación para cinco años, que no se llevó a la práctica y que queda ahora sin efecto.

Cumplidos 30 años del Plan, el nuevo Gobierno andaluz ha iniciado una revisión de todos sus criterios, contenidos, objetivos y directrices con el horizonte 2030, con análisis de su cumplimiento a los cinco años. Se trata, en definitiva, de realizar una adaptación a los trascendentes cambios que está experimentando el escenario forestal en los últimos años.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible apuesta por poner en valor la rentabilidad social que la conservación de los montes proporciona en términos de crecimiento económico y generación de empleo en las áreas rurales con predominio forestal. En este sentido, considera una oportunidad para el medio rural de Andalucía la realización de políticas ejemplares de desarrollo sostenible con la colaboración del tejido empresarial forestal andaluz.

El Gobierno andaluz destinará una media anual de 200 millones de euros a políticas forestales.

Para ello, la Junta tendrá como referencia la estrategia forestal de la UE y la programación de los fondos comunitarios para el periodo 2020-2026. En su confección, la Consejería abrirá un proceso de participación social que integre las diferentes sensibilidades y percepciones de los montes, y de forma singular a los propietarios públicos y privados, el sector forestal andaluz, los municipios forestales y sus habitantes.

Gestión de ecosistemas

Así, además de la previsión de movilizar una media anual de unos 200 millones de euros en políticas forestales, las actuaciones forestales desbloqueadas y ya puestas en marcha durante 2019 a través de subvenciones y licitaciones públicas de obras y proyectos han superado los 160 millones de euros.

La adecuación del Plan Forestal andaluz reforzará las actuaciones adoptadas en la gestión de ecosistemas forestales, centradas en dos líneas de inversión. Por un lado, actuaciones preventivas, restauradoras y de mejora de ecosistemas forestales, movilizando a corto y medio plazo en torno a 60 millones de euros en licitaciones públicas de obras; por otro, reactivando, después de siete años, las ayudas forestales con una asignación presupuestaria de 106 millones de euros.

En la actualidad, el Gobierno andaluz actúa en los ecosistemas forestales con actuaciones preventivas, restauradoras y de mejora. Así, de los viveros forestales dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible salieron en 2018 un total de 202.000 plantas, cifra que se logró aumentar en un 60% el pasado ejercicio hasta alcanzar las 332.000 plantas (incluyendo proyectos de restauración).

Este esfuerzo tendrá continuidad a lo largo de 2020, con un proyecto que pretende elevar la cifra a 550.000 plantas al año. El mantenimiento de esta cifra permitirá que durante la actual legislatura se siembren 1,98 millones de plantas hasta 2022.