El Decreto de Administración Electrónica, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de diciembre, será el eje de la transformación digital de la Junta de Andalucía con el objetivo de simplificar procedimientos y agilizar trámites, mejorando el acceso de la ciudadanía a los servicios esenciales y aportando ventajas competitivas a los emprendedores.

La norma facilita a los ciudadanos el acceso a la Administración electrónica de manera sencilla, garantizando sus derechos, y lo hace con la puesta en marcha de instrumentos como las sedes electrónicas, la Carpeta Ciudadana o el punto de acceso general.

De esta forma, el Gobierno andaluz trabaja para hacer de la Junta de Andalucía una administración inteligente, ágil y sencilla donde la innovación se traduzca en comodidad para los ciudadanos y atractivo para el empleo.

Además, la transformación digital de la Administración es una gran oportunidad para reducir la brecha entre la Andalucía menos habitada y las grandes poblaciones, para el crecimiento y el empleo y para contribuir al futuro del planeta reduciendo drásticamente el uso del papel.

Los ciudadanos podrán acceder a la información de carácter personal que se encuentra en poder de las administraciones públicas, así como a los procedimientos en los que tengan la condición de persona interesada. Los documentos que se identifiquen como copia auténtica podrán ser exhibidos ante terceros con los mismos efectos que el documento original. Ello supondrá que la ciudadanía dispondrá en su propio dispositivo móvil de las tarjetas y carnés expedidos por la Administración de la Junta de Andalucía (por ejemplo, certificado de discapacidad, condición de familia numerosa, carné de biblioteca, licencia de caza, etc.).

En cuanto a las medidas de simplificación administrativa, se recogen por primera vez en una disposición reglamentaria las técnicas orientadas a reducir los procedimientos administrativos, agilizando su tramitación y disminuyendo las cargas.

Por último, en cuanto a las medidas organizativas, el decreto contempla la creación, funcionamiento y mantenimiento del registro electrónico de apoderamientos, así como la puesta en marcha del registro electrónico de órganos colegiados y del registro electrónico de convenios administrativos.