El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha comparecido este jueves ante la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía para defender la convalidación del Decreto-Ley 8/2020, por el que se establecen medidas extraordinarias en el ámbito local y se modifica el Decreto-Ley 3/2020 de 16 marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus.

"Con la aprobación de este decreto, el Gobierno andaluz ha querido una vez más sumar respuestas y soluciones para la ciudadanía. Y lo hemos hecho con medidas necesarias, extraordinarias y urgentes".

Marín ha explicado que la Junta ha considerado necesario poner en marcha un programa andaluz de colaboración financiera extraordinaria con las entidades locales con una población igual o inferior a 1.500 habitantes. El objetivo es contribuir al sostenimiento de los servicios públicos necesarios y a las actuaciones extraordinarias que se lleven a cabo para contener y luchar contra la pandemia.

"Las entidades locales tiene un papel fundamental en la gestión de los servicios públicos y es por ellos que estamos valorando la posibilidad de ampliar a otros municipios estas ayudas".

En este decreto, el Gobierno andaluz pone a disposición de 315 municipios y entidades locales autónomas un total de 4 millones de euros. Se distribuirán, atendiendo a su población, mediante transferencia condicionada y garantizándose un mínimo fijo de 6.000 euros y un máximo de 21.000.

Los ayuntamientos podrán financiar actuaciones a realizar o realizadas que hayan sido causadas como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus tales como la limpieza y desinfección de calles, adquisición de bienes, alimentos y productos de primera necesidad, contratación de personal y adquisición de suministros, maquinaria y material. El vicepresidente andaluz ha destacado que no será obstáculo para la recepción de las transferencias ser deudoras de la hacienda pública estatal o autonómica o la Seguridad Social.

El plazo de aceptación finaliza este viernes y hasta el jueves han sido aceptadas el 97% de las ayudas. Las entidades locales beneficiarias deberán acreditar la ejecución de las distintas actuaciones antes del 31 de diciembre de 2020, aunque la Dirección General de Administración Local podrá otorgar un prórroga de hasta seis meses.

Respecto a la segunda parte del Decreto-Ley, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía realiza modificaciones normativas para ajustar a la normativa estatal las previsiones de la Junta de Andalucía relativas a la suspensión de plazos para la presentación y el pago de liquidaciones. Se trata de evitar distintos plazos en función de si una deuda es de naturaleza tributaria o no.

En este sentido, se amplía el plazo para presentar la prórroga del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y se establece un nuevo plazo de pago para las tasas fiscales relativas a las máquinas recreativas y de azar.

Por otro lado, se establece que mientras se mantenga el estado de alarma, la designación de un representante de la Intervención General de la Junta no será obligatoria en los actos de recepción de suministros contratados de emergencia dada la urgencia con que es preciso atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria.

Otra de las modificaciones afecta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que añade a los recursos que pueden ser destinados para atender a las personas declaradas en situación de emergencia social el del suministro de alimentos como alternativa al ingreso residencial.