El Consejo de Gobierno ha conocido este martes diversos contratos con carácter de emergencia que ha llevado a cabo la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para poder ejecutar medidas urgentes ante el Covid-19. En total, han sido 378.421 euros que se han invertido en la compra de material de protección y portátiles.

La Dirección General de Infraestructuras Judiciales acordó la compra por la vía de emergencia de 106.000 mascarillas y 6.000 envases de gel hidroalcohólico para los órganos judiciales de Andalucía. Con la compra de este material de protección, a la que se ha destinado 140.723 euros, se garantiza la seguridad tanto para el personal que cumple los servicios esenciales que exigen presencia física en las sedes, como para los ciudadanos que acuden a las mismas.

Igualmente, se llevó a cabo la adquisición de 530 mamparas de seguridad destinadas a dotar de elementos de protección colectiva los puestos de atención al público en los inmuebles judiciales. Una medida que ha supuesto una inversión de 27.255 euros.

La Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas también ordenó la contratación con carácter de emergencia del suministro de 300 ordenadores portátiles para los órganos judiciales de Andalucía, que han sido entregados a los Letrados de la Administración de Justicia, ya que son los encargados de ejecutar e impulsar gran parte de las actuaciones procesales de las unidades que han de continuar prestando servicios fundamentales a los ciudadanos. De esta forma, pueden realizar su trabajo de forma no presencial sin que se paralice la actividad judicial y sin poner en riesgo su salud. Una medida a la que se han destinado 174.240 euros.

Por último, desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal se procedió a la contratación del suministro de equipos de protección individual para los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Andalucía por un importe de 36.203 euros. Para la realización de sus funciones con garantías de seguridad, ya sea en levantamiento de cadáveres como en la realización de las autopsias, los médicos forenses y auxiliares precisan de equipos de protección individual (EPI), y por tanto, la necesaria dotación de los mismos.

La Consejería de Justicia entiende que estos contratos debían realizarse por vía de emergencia dado que era necesario la actuación inmediata por parte de la Administración de la Junta de Andalucía, al tratarse de una situación excepcional de grave peligro para la salud y seguridad de las personas trabajadoras de la Administración de Justicia y los ciudadanos que acuden a las sedes judiciales, y no contar con medios propios materiales con los que hacer frente a dicha situación..