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Igualdad destina 10,4 millones para la digitalización de los servicios sociales

El departamento que dirige Rocío Ruiz ya tiene en marcha varios proyectos para agilizar la Administración de la Consejería y poner a las personas beneficiarias en el centro de la atención social

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha determinado una partida de 10,4 millones de euros en el presupuesto del año 2021 para el desarrollo de varios proyectos que posibilitarán la modernización y digitalización de los servicios sociales con el objetivo de agilizar los trámites administrativos y poner a las personas beneficiarias en el centro de la atención.

La consejera Rocío Ruiz ha señalado que su departamento tiene las miras puestas en dar el salto hacia la Administración del siglo XXI. "Para gestionar bien es fundamental avanzar hacia la administración electrónica, que facilite la simplificación y agilización de los procedimientos y la racionalización de la estructura organizativa. Por este motivo, el próximo año vamos a dedicar más de 10,4 millones de euros a mejorar los sistemas informáticos, a la inversión y desarrollo en el área TIC y al mantenimiento y adaptación de programas informáticos. De esta partida, 8,3 millones son recursos propios y 2,1 millones fondos europeos", ha señalado.

Con este objetivo y en el contexto de una gobernanza adecuada y un uso eficiente de los recursos del Sistema Público de Servicios Sociales, se ha desarrollado el Registro Andaluz de Prestaciones (RAP), que permite poner en común prestaciones y ayudas como la Renta Mínima de Inserción Social y las Pensiones No Contributivas otorgadas por la Consejería, las ayudas de emergencia y las económicas familiares gestionadas por los Servicios Sociales Comunitarios y las tarjetas monedero entregadas por Cruz Roja con una subvención extraordinaria de la propia Consejería de Igualdad.

A su vez, el RAP se enmarca en el desarrollo del proyecto CoheSSiona, mediante el que se implementa la Historia Social Única electrónica de Andalucía. Este sistema de información integrará los distintos procesos de intervención social de las personas usuarias de los servicios sociales, cuya primera versión estará operativa a finales de año, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios, para la posterior integración de otras entidades públicas y privadas.

Así, Cruz Roja, mediante el proyecto de la tarjeta modero, ha sido la primera organización integrada en el RAP. Junto a ella, ya son más de una veintena las entidades locales andaluzas con población superior a 20.000 habitantes las que están utilizando esta aplicación.

Plataforma telemática para los centros de servicios sociales

Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se está redactando un nuevo Decreto que definirá el próximo modelo de atención en los centros de servicios sociales. Una apuesta del Gobierno andaluz por la mejora de la atención a la ciudadanía que contempla la creación e implantación de una plataforma telemática que permitirá la gestión de los datos de los centros de servicios sociales. De esta forma, será posible conocer y controlar el estado en el que se encuentran los distintos recursos en tiempo prácticamente real antes de final de año.

La plataforma contiene tres áreas de funcionamiento. El primer nivel lo conforma un portal web que sirve para la recopilación de información y es utilizado por los centros. En segundo lugar, el área de consulta engloba el tratamiento individual de los datos recopilados de los centros, lo que permite la toma de decisiones. Y por último, el cuadro de mando recoge y trata todos los datos recopilados, arrojando unos resultados determinados y objetivos en base a la programación del mismo.

En Andalucía existe una red de 3.042 centros, de los que 1.440 son de carácter residencial y 1.602 de otros recursos asistenciales. Dada la urgencia de la puesta en marcha de la plataforma, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación está simultaneando su implantación con un plan piloto sobre el funcionamiento de la herramienta que engloba a 100 centros de carácter residencial.

Este programa, a su vez, está relacionado con la puesta en marcha de la Historia Social Única a través del proyecto CoheSSiona, que apuesta por la interoperabilidad de la plataforma de gestión de datos con el resto de proyectos tecnológicos.

Máximos históricos en dependencia

En materia de dependencia, el Gobierno andaluz está trabajando en abordar firmemente la lista de espera de un sistema colapsado, infrafinanciado y burocratizado. Para ello, puso en marcha un plan de choque en los primeros cien días de gobierno, a lo que se han sumado 127 millones de euros más que en 2018 durante los dos primeros años de legislatura, que supone una subida acumulada de un 10,7 por ciento para garantizar su financiación.

Esta financiación, junto con las medidas normativas y organizativas puestas en marcha para agilizar y simplificar el procedimiento de reconocimiento de la situación de la dependencia y del derecho a las prestaciones, como la modificación del Decreto 168/2007, han hecho que Andalucía haya alcanzado máximos históricos en el número de personas atendidas.

Robotización en la gestión de las Pensiones No Contributivas

Por otra parte, el I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023 contempla un programa para la mejora de la gestión de las Pensiones No Contributivas. Para ello, la Consejería de Igualdad ha puesto en marcha un plan de choque, durante seis meses, para mejorar el Sistema de Información de Servicios Sociales y reforzar los efectivos en las Delegaciones Territoriales de manera que tenga como resultado la agilización de los trámites de estos expedientes.

Esta iniciativa viene de la mano de la suscripción de sendos convenios con la Agencia Tributaria estatal y con la Tesorería General de la Seguridad Social para intercambiar datos y evitar, de esta forma, hacer requerimientos personales a las personas solicitantes.

Por otra parte, con el objetivo de hacer más efectivas estas medidas, el departamento que dirige Rocío Ruiz ha puesto en producción un proyecto de robotización, pionero en la Administración de la Junta de Andalucía, que se utilizará en las tareas repetitivas de consulta en el procedimiento de control anual de las personas que ya son beneficiarias de las Pensiones No Contributivas. Todo esto permitirá un considerable ahorro de horas de trabajo para el personal, que se podrá dedicar a las tareas de tramitación de solicitudes iniciales.

Simulador de la Renta Mínima

A todo ello se sumó como una de las primera medidas de agilización de la gestión de las prestaciones la puesta en marcha de un simulador de la Renta Mínima de Inserción Social, que se encuentra alojado en la página web de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Esta herramienta permite conocer si la unidad familiar puede tener derecho a la prestación, introduciendo alguna información esencial y sin ser necesario recoger datos personales. Con el objetivo de facilitar una información orientativa, en caso afirmativo, el simulador proporciona una aproximación a la cuantía mensual que podría corresponder a la unidad familiar. En caso negativo, indica cuáles son los requisitos que no se están cumpliendo, orientando a los ciudadanos y ciudadanas en la conveniencia o no de solicitar la prestación.

Por otra parte, este simulador de la Renta Mínima pretende ser una herramienta útil para los profesionales de los servicios sociales comunitarios, así como otros centros de atención a la ciudadanía en general como las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo o los centros de salud, en su labor de información y asesoramiento a las personas interesadas o susceptibles de ser perceptoras de esta prestación.

Todas estas iniciativas permitirán una evaluación de las políticas públicas y un mejor y más eficiente aprovechamiento de los recursos dirigidos a la ciudadanía. Con ellas, el Gobierno andaluz apuesta tanto por una mejora de la agilidad de las intervenciones sociales como por la coordinación entre los servicios sociales y su interrelación con los sistemas de Salud, Educación, Empleo, Justicia o Vivienda, situando a los andaluces y andaluzas en el centro de la intervención social y facilitando una atención individualizada a través de la evaluación integral de sus necesidades personales, familiares y comunitarias.