El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha asegurado hoy que la Junta de Andalucía está actuando conforme a los criterios legales que marca el ordenamiento jurídico en materia de contratación pública en lo relativo al servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a este departamento.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, Bendodo ha explicado que corresponde a la Administración andaluza velar por el cumplimiento de los pliegos y que en el 112 se está llevando a efecto con todas las garantías y resortes que establece la Ley de Contratos del Sector Público. De hecho, ha precisado que con este objeto se han mantenido reuniones con los representantes de los trabajadores y diferentes responsables de la empresa.

No obstante, ha indicado que la Junta es consciente de que existen diferencias entre los trabajadores y la empresa y ha aclarado que todas las cuestiones litigiosas que pudieran producirse, tanto en el expediente de contratación como en las relaciones con los trabajadores, se deben abordar con la empresa adjudicataria y en los órganos jurisdiccionales competentes.

En cualquier caso, el consejero ha asegurado que el Gobierno andaluz se preocupa por dotar técnicamente el contrato de servicios de Emergencias de mejoras laborales y operativas, y por eso se apostó por el incremento de las partidas presupuestarias adecuadas a la naturaleza de este contrato sin caer en el error del Ejecutivo anterior de reaccionar de manera improvisada, tardía y costosa y sin mejorar la calidad del servicio.

Entre ellas, se ha designado a un funcionario público por provincia, adscritos a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y un funcionario en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 en Sevilla, con facultades de supervisión y control, a fin de que velen por el correcto cumplimiento de lo pactado.

Bendodo ha asegurado que la Junta de Andalucía está actuando en el contrato del 112 conforme a los criterios legales que marca el ordenamiento jurídico en materia de contratación pública y cuenta para ello con el asesoramiento del Gabinete Jurídico para que todos los procesos en licitación cumplan esos parámetros de eficacia, control y transparencia.

Además, ha recalcado que ante cualquier actuación que suponga un incumplimiento por parte de la empresa y afecte directamente a la prestación del servicio, los órganos de la Consejería adoptarán las medidas administrativas legales que requieran velar por el cumplimiento íntegro de lo establecido en contrato.