El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios para proponerles la aprobación por lectura única de una proposición de Ley para limitar a ocho años los mandatos del presidente y los consejeros del Gobierno de Andalucía.

Marín se ha reunido con los portavoces de los cinco grupos con respresentación en la Cámara autonómica para exponerles varias iniciativas en marcha "que afectan no a un Gobierno, no a una legislatura, sino al futuro de una comunidad autónoma y su regeneración democrática", por lo que ha apostado por involucrar a todas las formaciones y que no sean iniciativas solo del Ejecutivo.

Así, se ha referido a la limitación de mandato a un máximo de ocho años para presidentes, vicepresidentes y consejeros de la Junta, "una iniciativa que está en el acuerdo de Gobierno de PP y Cs para la legislatura y que tiene un trámite legislativo importante por lo que para que pudiera estar finalizado antes de terminar la legislatura había que ponerlo ya a disposición de los grupos y del Parlamento para su tramitación".

Marín ha explicado que es una reforma legal que el Gobierno "podría haber llevado a cabo sin contar con los grupos o presentar una proposición de Ley solo de PP o de Cs, pero esa no es la voluntad de este Gobierno". "Creo que es un tema lo suficientemente relevante para que sea una iniciativa que pudieran valorar todos los portavoces con sus respectivos grupos y que tomarán la decisión de participar o no en el registro de una proposición de Ley por lectura única para que pudiéramos poner en marcha esta iniciativa", ha defendido.

Durante las reuniones mantenidas con los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, Marín también les ha pedido "el mayor consenso posible" para aprobar la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción y la protección de la persona denunciante, que contempla la creación de la Oficina contra el fraude como un órgano de extracción parlamentaria, independiente del Gobierno, con un director nombrado por el Parlamento, porque "no podemos hacernos trampas al solitario: el Gobierno no puede fiscalizar al Gobierno".

El consejero de Regeneración ha explicado que el anteproyecto de Ley se encuentra en su última fase, pendiente del dictamen del Consejo Consultivo que tiene de plazo hasta el 17 de enero para emitirlo, tras lo cual irá al Consejo de Gobierno para su aprobación. La previsión es que llegue al Parlamento al inicio del próximo periodo de sesiones, en febrero.

"Nuestra voluntad es la de cumplir con los compromisos de los ciudadanos, generar confianza sobre la clase política apartando cualquier duda de corrupción, dando protección a las personas que decidan denunciar cualquier caso de corrupción política y no dejándolo abandonados a su suerte, porque hay casos en los que denunciantes se han visto luego denunciados; facilitando la alternancia en los gobiernos y la higiene democrática", ha subrayado el vicepresidente.

Marín ha entregado un informe detallado de la norma que garantizará la fiscalización y el control de los dineros públicos y la estructura prevista para la Oficina contra el fraude, cuyo director "debe ser propuesto por todos los grupos parlamentarios, ser funcionario de carrera del grupo A1, tendrá un mandato de cinco años y durante los primeros meses de cada anualidad deberá aprobar una memoria anual descriptiva de las actuaciones que deberá ser publicada en BOJA". Para el vicepresidente, "es importante que esta iniciativa obtenga el mayor consenso posible y que todos los grupos puedan plantearse su posición antes de que llegue al Parlamento".

Por último, Marín también ha abordado con los portavoces parlamentarios la reciente remisión a las entidades instrumentales de la Junta de las instrucciones para regular el acceso a los puestos directivos de las mismas y que garantizan que "a partir de ahora, cualquier ciudadano que quiera acceder a un cargo de dirección en las entidades instrumentales de la Juntan tendrán un proceso que valorará su capacidad para el desempeño de la función", dentro del objetivo de este Gobierno por despolitizar la administración pública. Aunque estas directrices entraron en vigor el 1 de enero, se está elaborando un decreto para regular aún más el acceso a estos puestos.