El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha pedido a los grupos parlamentarios que demuestren su "firme voluntad de acabar con la corrupción" en la tramitación del Proyecto de Ley contra el Fraude y la Corrupción y la protección de la persona denunciante, porque "los andaluces no nos perdonarían que dejáramos pasar esta oportunidad" de contar con "la mejor arma" de prevención y control de malas prácticas. "Han tenido que pasar 37 años de gobierno socialista para que los andaluces dejen de estar desprotegidos ante la corrupción", ha destacado, tras recordar que el anterior Ejecutivo no llevó a cabo la creación de la Oficina contra el Fraude comprometida en 2015.

El texto ha superado el debate de totalidad en el Parlamento de Andalucía, ya que ningún grupo había presentado enmiendas totales, por lo que será remitido a la comisión correspondiente en la que se contará con las aportaciones de todos los agentes sociales y fuerzas políticas. Para Marín, "comenzamos así la tramitación de una ley que tiene por delante un largo camino por recorrer" con el objetivo de "poner fin al anterior modelo de gobierno donde no existían medidas para luchar contra el fraude y la corrupción".

"Podemos plantearnos cuestiones en su tramitación, pero debe existir esa firme voluntad de acabar con la corrupción", ha incidido. "Estoy convencido de que todos los grupos están de acuerdo con este Gobierno en que esta ley es necesaria, pues hagámosla posible", ha apelado en el Pleno.

En este sentido, el también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha hecho hincapié en que "es la primera vez que se trae una norma al Parlamento que puede pasar a la historia de Andalucía. Por primera vez, y si así lo consideran los grupos, este Parlamento dirá basta. Sí, basta ya, que no es poco, de desprestigiar a nuestras instituciones. Basta ya del daño que la corrupción he hecho a nuestra comunidad que -más allá de abrir informativos con casos tan deleznables como la trama de los ERE o la Faffe o, más recientemente, Isofotón-, es incalculable".

Para Marín, "no podemos ser noticia por esto, sino por lo que somos, una tierra próspera, llena de gente con talento y pretendemos que también sea una tierra de instituciones libres de cualquier sospecha de corrupción", por lo que ha apelado a que los grupos demuestren su "firme voluntad de acabar con esta lacra".

Multas de hasta 100.000 euros

La norma contempla medidas específicas para prevenir, detectar y denunciar irregularidades, malas prácticas y abusos de poder, mediante la creación de una Oficina andaluza contra el Fraude y la Corrupción, "adscrita a este Parlamento porque no puede ser que el Gobierno fiscalice al propio Gobierno". Será dirigida por una persona de reconocido prestigio y experiencia, elegida por la Cámara por una mayoría cualificada y con un mandato de cinco años improrrogable, y estará integrada por funcionarios de carrera que tendrán la consideración de autoridad pública.

Marín ha recordado que, cuando Cs llegó al Parlamento andaluz en 2015, el acuerdo de investidura con el PSOE contemplaba crear esta oficina, si bien "no se llevó a cabo". "En febrero de 2018, la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra, la señora Montero, me trasladó la imposibilidad de llevarlo a cabo porque existía un informe contrario del Consejo Consultivo, que, por cierto, nunca vi. Dos años después, resulta que, con un Gobierno diferente, el mismo Consejo Consultivo hoy dice que sí es posible y ha emitido su informe", ha asegurado.

Además de investigar, prevenir y tramitar las denuncias, la Oficina tendrá potestad sancionadora, con multas de entre 300 y 100.000 euros para infracciones como incumplir el deber de colaboración con su labor, cualquier coacción a su personal o las denuncias falsas o tergiversadas.

Su ámbito de actuación no se limitará a la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, sino que se extenderá a las entidades locales y universidades públicas, así como "a personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones. Cada euro que salga de las arcas públicas debe ser sometido a fiscalización y si hay el más mínimo indicio de fraude, perseguirlo", ha destacado el vicepresidente.

"Andalucía contará con una ley que establece medios de prevención y control efectivo contra la corrupción, que fomenta el cumplimiento de los deberes legales de los empleados públicos, que impulsa la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública andaluza y, además, aparta de la gestión pública a aquellas personas de dudosa reputación, con procedimientos judiciales abiertos o con cuentas en paraísos fiscales", ha explicado Marín durante su intervención, tras recordar que el texto modifica el régimen de incompatibilidades de los altos cargos en este sentido.

Máxima protección al denunciante

El consejero de Regeneración ha dejado claro que "la colaboración tanto de la administración como de las entidades y la ciudadanía es esencial para detectar los casos de corrupción y, en base a ello, y para facilitar la presentación de denuncias, la ley prevé un régimen de protección a las personas denunciantes, físicas o jurídicas", con especial atención a los funcionarios de la Junta.

Por ello, ha considerado "imprescindible que cualquier persona que tenga el valor y la ética de denunciar lo consideremos un héroe y no que sea perseguida, como ha ocurrido muchas veces en las que que los denunciantes han tenido incluso que defenderse solos en los tribunales por hacer lo que cualquier persona debe hacer al conocer un presunto caso de corrupción".

El Proyecto de Ley garantiza la confidencialidad de su identidad, así como el derecho a conocer el estado de la tramitación de sus denuncias, a ser notificadas de los actos y resoluciones que se dicten, a que las denuncias finalicen con resolución expresa y motivada, a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos mediante la asesoría legal y psicológica gratuita y, en el caso de los funcionarios, el derecho a un traslado a un puesto del mismo nivel con reserva de su puesto de origen. "A los denunciantes tenemos que convertirlos en héroes y no en perseguidos, merecen la protección de este Parlamento y el respeto de quien gobierne", ha dicho.

En el caso del personal laboral no funcionario, contempla la posibilidad de garantizar también su movilidad de puesto para evitar represalias en los convenios colectivos y, en el caso de las universidades y las administraciones locales, se instará a facilitar su traslado, respetando su autonomía.

Para Marín, "la corrupción aleja a los ciudadanos de creer en las instituciones y no podemos permitirlo. Tenemos la obligación moral de luchar contra esta lacra y no hay mejor arma en democracia que una ley como ésta".

Ante quienes puedan pensar que "no es el momento, a lo mejor porque para algunos nunca es el momento", ha defendido que "hoy este Parlamento debe iniciar el camino que muchos andaluces llevan esperando mucho tiempo. Es un gran día para la democracia andaluza, espero y deseo que no termine esta legislatura con una ley que decaiga porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para dotarnos de esta herramienta", ha concluido.