El Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar la formulación de la Estrategia para una minería sostenible en Andalucía, que establecerá las bases de la política autonómica de apoyo a este sector hasta 2030. La nueva planificación, que sustituirá a la vigente desde 2020, pretende fortalecer esta industria en toda la cadena de valor, mejorar su competitividad, apoyar la internacionalización de su tejido empresarial o impulsar la investigación de los recursos minerales disponibles. Asimismo, incluirá medidas para lograr una sostenibilidad ambiental en las explotaciones a largo plazo y para continuar reforzando la seguridad de la actividad.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades será la responsable de su diseño, que se enfocará teniendo en cuenta la relevancia que el sector minero tendrá para la recuperación de la región tras la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19. Se trata de una actividad capaz de generar un gran arrastre económico en las comarcas y regiones en las que se desarrolla, convirtiéndose así en una oportunidad para el desarrollo industrial y el empleo de calidad. Ese papel ya ha sido identificado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un estudio sobre Andalucía.

Además, atenderá a la necesidad de dar una respuesta interna a la demanda creciente de materias primas, en especial en lo referente a los metales, ya que son imprescindibles para sectores estratégicos como el sanitario, farmacéutico o el transporte. Con ello se persigue reducir la dependencia externa, puesta en evidencia en toda Europa con las interrupciones de suministros producidas durante la crisis sanitaria.

Este instrumento estará orientado a reforzar la posición de liderazgo del que disfruta la minería andaluza en el conjunto de España y busca consolidarla como referente en innovación y desarrollo tecnológico a nivel internacional, teniendo en cuenta su capacidad de atracción de inversión foránea. De hecho, en la actualidad este segmento productivo está ya despertando el interés de grandes grupos internacionales por sus infraestructuras y alta potencialidad minera. Precisamente con el fin de favorecer esa captación de proyectos estratégicos, este documento deberá definir medidas para avanzar en la simplificación administrativa que permita eliminar trabas innecesarias al sector, en consonancia con la reforma normativa del marco regulador de la actividad económica que está llevando a cabo el Gobierno andaluz.

Andalucía, una región minera histórica

Andalucía es una región minera histórica, que cuenta con unos extraordinarios recursos geológicos. El sector minero andaluz se ha consolidado como la comunidad líder en términos de producción, empleo y número de explotaciones. De hecho, representa el 39% del valor de la producción nacional, alcanzando los 1.359 millones de euros, seguido por Cataluña a una considerable distancia, con un 13%. En los últimos años la actividad ha venido experimentando un crecimiento espectacular y encabeza la producción de metales, con un 90% del total nacional, lo que genera 10.000 puestos de trabajo directos y unos 30.000 indirectos. Esta actividad ha propiciado en la última década una inversión de en torno a los 2.000 millones de euros.

La estrategia minera será compatible con la planificación económica, industrial, medioambiental y territorial de Andalucía, quedando incardinada en la Estrategia para la transformación económica de Andalucía (ETEA) 2021-2027. También estará coordinada con la futura Estrategia de especialización inteligente para la sostenibilidad de Andalucía 2021-2027 (S4 Andalucía).

Contenido de la estrategia

Junto con las medidas y líneas estratégicas para alcanzar los objetivos propuestos, el documento incluirá también un diagnóstico que recogerá los datos de partida y describa las necesidades y retos a abordar en el horizonte temporal establecido, así como una programación de las actuaciones.

Para su elaboración se creará un grupo de trabajo coordinado por la Consejería de Transformación Económica, que será el encargado de validar la propuesta definitiva antes de su remisión al Consejo de Gobierno para su aprobación. En el proceso de redacción el instrumento se someterá a información pública y se dará audiencia a las administraciones y entidades públicas implicadas, así como a los distintos agentes económicos y sociales a fin de que puedan realizar aportaciones.