La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha apostado por la reducción de la burocracia y la simplificación de los procedimientos administrativos como la fórmula "para garantizar una atención adecuada de las personas dependientes". Así, en su intervención en el Parlamento para defender la modificación del Decreto Ley sobre el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, la consejera ha destacado que la Ventanilla Electrónica que recoge el nuevo texto "permitirá reducir la lista de espera y los tiempos de tramitación de solicitudes".

La modificación del decreto ley ha sido convalidado por mayoría con los votos de PP, Cs, Vox y los diputados no adscritos. Ruiz ha agradecido el apoyo y ha justificado esta modificación en la "complejidad del actual procedimiento administrativo diseñado para la atención a la dependencia". Una tramitación, ha explicado, dividida en dos fases diferenciadas, con un punto de partida en el registro de los servicios sociales comunitarios y dos resoluciones administrativas de la correspondiente delegación territorial.

"Este proceso se traduce en un laberinto burocrático para la ciudadanía con la consecuente ralentización en la respuesta a las personas en situación de dependencia", ha insistido Ruiz. La consejera ha apuntado que precisamente una de las prioridades marcadas en el Plan de Choque de la Dependencia es la reducción "de forma sustancial" de las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. El texto establece además un plazo máximo de tres meses para la resolución de las solicitudes.

Simplificación administrativa

El nuevo procedimiento incorpora medidas de simplificación administrativa, con la mejora de los sistemas de información, y acomete en su primera fase la presentación y registro electrónico de las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia, la denominada Ventanilla Electrónica, que da respuesta además a la necesidad de cumplir con las exigencias normativas en tramitación digital.

Ruiz ha detallado que a partir de ahora, corresponderá a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, la valoración, la resolución de los procedimientos, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas. Por su parte, las Entidades Locales participarán en el procedimiento mediante la elaboración de la propuesta de Programa Individual de Atención.

"Los servicios sociales Comunitarios seguirán siendo la puerta de entrada para todas las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales", ha matizado la consejera de Igualdad, "otra cosa distinta es donde tiene inicio la tramitación de la solicitud, evitando así una sobrecarga en los registros de las entidades locales cuando se presenta por otras vías".

Asimismo, Ruiz ha explicado que la actual evaluación del Sistema de la Dependencia en Andalucía "aconseja iniciar determinadas adaptaciones que permitan avanzar y consolidar los derechos de las personas con grado de dependencia, y dar cumplimiento efectivo al plazo máximo establecido en la Ley de Dependencia para las resoluciones derivadas de la situación de dependencia, así como a los compromisos que tiene previsto adoptar esta comunidad autónoma para hacer efectiva la financiación asociada al nivel acordado durante 2021.

Máximo histórico de beneficiarios

En su intervención en el Pleno, la consejera ha señalado que la modificación del decreto ley forma parte del paquete de medidas puestas en marcha por la Consejería para incorporar al sistema a personas en situación de dependencia, y que incluirá 700 contrataciones de personal técnico y de administración con el objetivo de agilizar los trámites. "Un esfuerzo ingente", según lo ha definido, que ha permitido alcanzar un máximo histórico de personas beneficiarias en Andalucía, 232.649 a cierre de abril de 2021, lo que supone un incremento neto de 4.094 personas más que a cierre del año 2020. Las prestaciones también han experimentado un incremento con respecto al cierre de 2020, alcanzando las 317.915 prestaciones (tras un incremento neto de 7.491 prestaciones).

Por su parte, la lista de espera en Andalucía se ha visto reducida durante los últimos años, pasando de situarse en diciembre de 2018 en 75.097 personas pendientes de elaboración de propuesta de PIA, a 54.402 a 30 de abril de 2021 (21.505 personas menos).

El compromiso del Ejecutivo andaluz para mejorar la atención a la dependencia, que contará este ejercicio con una dotación presupuestaria de 1.741 millones de euros, incluye además el concierto de 550 nuevas plazas con entidades prestadoras de los servicios residenciales para personas mayores y con discapacidad, que se suman al incremento de las 250 ya contempladas por la Consejería de Igualdad para el ejercicio 2021 (100 para mayores y 150 destinadas a personas con discapacidad). En total, desde que comenzó la actual legislatura, se han concertado 1.565 nuevas plazas frente a las 263 de los cuatro años anteriores.

La revisión de los costes máximos de plazas objeto de concertación en atención a personas en situación de dependencia es otra de las medidas que se plantea, tanto para los centros residenciales y centros de día para personas mayores como para las residencias, centros de día y de terapia ocupacional para personas con discapacidad, con efecto desde el 1 de enero de 2021 y con un incremento general del 2,6%.

Asimismo, desde Igualdad se ha apostado de nuevo en 2021 por implantar una medida económica extraordinaria, como la que ya fue adoptada por el Gobierno andaluz para el último semestre de 2020, de apoyo a las entidades prestadoras de los servicios de la dependencia con el objetivo de favorecer su actividad económica y el mantenimiento del empleo, debido a los gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia.