El Gobierno andaluz ha logrado, en los dos años y medio de legislatura actual, reducir un 88% la deuda que mantenía la Administración autonómica con los ayuntamientos, hasta situarla en el primer semestre de 2021 en 22 millones de euros. A cierre de 2018, último año de la anterior Administración, el dinero que la Junta de Andalucía adeudaba a las corporaciones locales ascendía a 180,5 millones.

Así lo ha destacado el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, durante su intervención en el Parlamento para defender el Decreto Ley 18/2021 de aplazamiento y fraccionamiento especial del pago de deudas de entidades locales y otras normas recaudatorias, que ha sido convalidado por el Pleno, y que ha puesto como ejemplo de la "apuesta real por el municipalismo" del Gobierno andaluz.

Bravo ha señalado que el decreto ley supone "articular una solución financiera" para aquellas entidades locales que mantienen deudas con la Junta de Andalucía, a través de un aplazamiento de las mismas a largo plazo para no comprometer su situación financiera y compatibilizar así el cumplimiento de las obligaciones fiscales con la prestación de los servicios públicos esenciales. Todo ello, además, posibilitando que estén al corriente con la Administración autonómica para poder tener acceso a todo tipo de ayudas y subvenciones.

El consejero ha explicado que hay un total de 604 entidades locales que mantienen deudas con la Junta de Andalucía por importe de 145 millones de euros. Se trata, en su mayoría, de una deuda "generada por reintegros de subvenciones en ocasiones concedidas hace más de una década y prácticamente todas gestionadas por los anteriores gobiernos tanto municipales como autonómicos". El hecho de no estar al corriente de sus obligaciones puede impedirles ser beneficiarias de subvenciones, ha recordado Bravo.

"En el proceso de recuperación económica es fundamental la implicación y colaboración de todos los niveles de la administración: estatal, autonómica y local", ha incidido el consejero, quien ha apuntado que el instrumento europeo de recuperación "Next Generation" va a posibilitar la llegada de fondos europeos a todas las Administraciones Públicas, si bien "la posición deudora de algunas corporaciones locales, así como de otras entidades públicas y privadas, pone en riesgo el proceso de recuperación, ya que podría impedir el acceso de las mismas a esos fondos".

Bravo ha detallado que el decreto ley regula el mecanismo legal que permite a las entidades locales un aplazamiento especial para el pago de sus deudas con la Junta de Andalucía, otorgándose para ello un plazo compatible con la percepción de al menos el 75% de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA). Así, se establece una carencia máxima de dos años, fraccionándose la deuda en tantos ejercicios como resulte de dividir el principal de la deuda entre el 25% del importe anual de la PATRICA, de manera que puedan compaginar el pago con el mantenimiento de la prestación de los servicios públicos, hasta un máximo de 15 años.

Para el resto de los deudores distintos de las entidades locales (entidades públicas y privadas) se regula la posibilidad de aplazar o fraccionar las deudas si se acompaña la solicitud de un aval solidario de una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o de un certificado de seguro de caución. Por tanto, "queda en todo caso garantizado el cobro de la deuda por parte de la Junta de Andalucía", ha incidido el consejero.

Juan Bravo ha destacado que con este decreto ley se da un paso más en el objetivo de "apoyar al municipalismo", que en la presente legislatura se ha concretado en medidas como la mejora de la financiación incondicionada a las entidades locales a través de la PATRICA, partida a la que se ha dotado de mayor presupuesto cada año desde 2019, hasta alcanzar los 510 millones de euros, tras permanecer seis años congelada. Además, el actual Gobierno ha mejorado el acceso a la misma a los ayuntamientos pequeños y entidades locales autónomas impulsando reformas legales.

El consejero ha agradecido a todos los grupos el debate suscitado en la Comisión de Hacienda y ha valorado el trabajo que hacen las corporaciones municipales, muchas de las cuales atraviesan por una situación financiera "complicada". Por ello, "apoyar el municipalismo es ayudar a los ayuntamientos, a las personas que viven en el municipio, a las empresas y autónomos que proveen a ese ayuntamiento y a los trabajadores de estas empresas", ha señalado.