La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha elevado al Consejo de Gobierno un informe sobre el proceso de compra del Campus Palmas Altas para la futura Ciudad de la Justicia de Sevilla y el estado actual de la tramitación. La intención de la Junta es poder formalizar la operación de compra y venta antes de que finalice el actual ejercicio, una vez que obtenga los preceptivos informes de Patrimonio, la Intervención General y el Gabinete Jurídico.

En el informe se detalla que fue el pasado 6 de octubre cuando se recibió la oferta formal de venta del complejo por un precio de 51.905.000 euros por parte de representantes del Centro Tecnológico Palmas Altas (CTPA), única entidad que presenta una propuesta tras la publicación de un anuncio en un medio de comunicación el 9 de septiembre sobre la voluntad de la Consejería de Justicia de adquirir inmuebles cuyo destino serían la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

Esta oferta de 51,9 millones de euros realmente implica un desembolso de 49 millones por parte de la Junta de Andalucía, ya que a esta cantidad hay que restar 2,9 millones por el alquiler de algunas dependencias que la empresa vendedora mantendría durante 30 meses en el campus. Durante este tiempo se van a llevar a cabo trabajos de redacción del proyecto, licitación y los contratos necesarios para la ejecución de las obras de remodelación. Las condiciones de compra se estiman muy ventajosas para la Administración autonómica, ya que el valor de mercado que señala la tasación de los edificios de Palmas Altas supera los 78 millones de euros.

Con estas condiciones, el coste total -incluido el precio de compra y las obras a realizar en el complejo- de la Ciudad de la Justicia será de 174 millones, un precio muy por debajo de los 208 millones, 237 millones o 267 millones de las tres hipotéticas instalaciones barajadas durante las últimas décadas.

Según recoge el informe de la Consejería, la adquisición del Campus Palmas Altas y las dos parcelas -en las que se construirá un nuevo edificio de uso judicial y otro para aparcamientos- es la única opción de todas las barajadas que permite acabar con la dispersión de sedes, ofrece una mayor superficie edificable presente y futura y una notable mejoría en la prestación del servicio público, además de una mayor eficiencia económica al eliminar el coste de alquileres actuales.

Por último, señala que dotará a Sevilla de una Ciudad de la Justicia acorde con la entidad y la capitalidad de la misma, así como al volumen de trabajadores y usuarios. Igualmente, supondrá obtener el mejor conjunto de edificios de la comunidad autónoma para el patrimonio de la Junta de Andalucía y para la Administración de Justicia, por un coste interesante que quedaría amortizado en menos de 10 años con el ahorro de las rentas de las sedes ahora alquiladas.