La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha animado este miércoles a los trabajadores autónomos acogidos al régimen de estimación objetiva, conocida popularmente como tributación por módulos, a que se acojan a las ayudas a la solvencia empresarial que se financian con fondos estatales, ya que la nueva normativa establece muy pocos requisitos para que este colectivo pueda beneficiarse de estas subvenciones. Actualmente, el plazo para acogerse a estas subvenciones se ha ampliado hasta el 20 de octubre.

Durante el debate del Decreto ley 20/2021 autonómico, que ha sido convalidado esta tarde en el Parlamento andaluz y ha modificado y flexibilizado las condiciones de las ayudas a la solvencia empresarial, Rocío Blanco ha llamado la atención sobre la facilidad de los autónomos que están en el régimen de estimación objetiva para acceder a estas ayudas, ya que no se les exige a este colectivo en concreto que demuestren una disminución del 30% del volumen operaciones y no tener pérdidas en 2019, y solo deben estar encuadrados en las actividades económicas subvencionadas y estar al corriente de las obligaciones tributarias, con la Seguridad social o con otras administraciones públicas.

La consejera ha recordado que el Real Decreto estatal "adolecía de graves defectos de diseño y técnicos" que no tenían en cuenta "las necesidades reales de las empresas y los autónomos, y las posibilidades de las comunidades autónomas de gestionar las ayudas con un mínimo de eficacia y con un coste administrativo razonable". Entre estos defectos, Rocío Blanco ha recordado que se dejaba fuera a aquellas empresas y autónomos que habían cumplido con sus compromisos de deuda, y que se exigía un excesivo número de requisitos, lo que provocaba una enorme complejidad en su comprobación y justificación, deficiencias que incluso fueron comunicadas por carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, por el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Rectificación

Tras seis meses en los que este diseño impidió que las ayudas llegasen a un mayor espectro del tejido productivo andaluz, el Gobierno de España rectificó estas deficiencias con el Real Decreto aprobado el 14 de septiembre, que ha flexibilizado los requisitos, y Andalucía se convierte ahora en la tercera comunidad autónoma con la convalidación del decreto en el Parlamento en adaptar su normativa autonómica a estas nuevas condiciones.

Según los datos expuestos por la consejera, a 22 de septiembre, antes de que se aprobase en Consejo de Gobierno el nuevo decreto, se habían considerado favorables 22.611 solicitudes, de las que se han resuelto 3.406 por valor de 61 millones de euros. Extrapolando los datos al número total de solicitudes presentadas, se estima que podría comprometerse el gasto de 330 millones de euros.

Entre las principales modificaciones incluidas en el Decreto ley, se encuentra la ampliación en cuatro meses, desde el 31 de mayo hasta el 30 de septiembre del plazo de cobertura con respecto a la deuda o los costes fijos que pueden acogerse a las ayudas. Igualmente, se permite a los anteriores beneficiarios de la ayuda que puedan modificar su anterior solicitud para poder acceder a esta flexibilización de los requisitos.

Como principales novedades, el decreto permite solicitar la ayuda presentando la compensación de costes fijos ya pagados, además de las deudas, pagos a proveedores y otros acreedores, siempre y cuando se hayan generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2020.

Con esta ampliación se podrá subvencionar entre otros, los suministros (por ejemplo luz, agua, teléfono e internet, gas, otros combustibles como el gasóleo en el caso de los taxista), alquileres, renting, mantenimiento de equipos y vehículos, tasas y licencias municipales, seguros relacionados con la actividad económica, gastos de gestoría y todos los costes fijos articulados con terceros mediante contratos de servicios (es el caso de los gastos de limpieza, servicios de vigilancia, mantenimiento de servicios informáticos, entre otros).

Se incluyen también las pérdidas contables como objeto de subvención, pero son incompatibles con la petición de la ayuda por las otras dos tipologías de gastos: gastos y deudas pendientes de pago y compensación de costes fijos ya pagados.

La cuantía de la subvención se mantiene en la horquilla de 3.000 a 200.000 euros, dependiendo de distintas variables como la disminución de las operaciones en 2020, el número de empleados o el régimen de tributación.

Rocío Blanco ha concluido su intervención resaltando que la intención el Gobierno andaluz es distribuir las ayudas estatales asignadas a Andalucía, 1.109 millones de euros, en todo el tejido productivo andaluz y ejecutar la totalidad de los créditos que tenemos asignados y contribuir al alivio de nuestro tejido empresarial.