La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, se ha reunido con los responsables de entidades bancarias con presencia en Andalucía gracias a la intermediación de la sucursal del Banco de España en Sevilla para analizar diversas actuaciones encaminadas a mejorar la atención de las personas mayores, que representa el 17,7% de la población andaluza. Tras recordar que el bienestar del este colectivo es una de las prioridades del Ejecutivo regional, a través del Primer Plan Estratégico Integral, Ruiz ha apelado al compromiso del sector bancario por una atención individualizada y de calidad y a su sensibilidad social para avanzar en propuestas como la colaboración en la detección de la soledad no deseada o la formación en derechos bancarios.

"Las personas mayores son una población vulnerable que requieren una atención preferente", ha resaltado la consejera durante una reunión de trabajo en la que han participado responsables de Caixabank, Banco Santander, Cajasur-Kutxbank, Ibercaja, Caja Rural del Sur, BBVA, Fundación Cajasol y Unicaja Banco, "y en este encuentro estamos comprobando que es posible encontrar iniciativas en este ámbito que se alineen fácilmente con los criterios y valores de responsabilidad social corporativa que impregnan la actividad del sector bancario".

Así, ha agradecido la disposición al diálogo de las entidades, que coinciden por vez primera en un grupo de trabajo desde 2012, y ha tendido la mano para avanzar, entre otros asuntos, en la reducción de la brecha digital y de acceso que los trámites bancarios suponen para muchas personas mayores de 65 años. Una reivindicación, ha señalado, que éstas han planteado de forma reiterada en el Consejo Andaluz y en los consejos provinciales.

Reducir la brecha digital

"La digitalización, que tanto ha solucionado la actividad de ciertos sectores especialmente durante la pandemia, ha complicado las gestiones cotidianas de esta parte de la población", ha reflexionado. Ruiz ha destacado que "la atención a las personas mayores no es solo un compromiso moral, sino uno de los grandes retos de futuro", ya que "15 de cada diez personas que viven en Andalucía son mayores de 65 años, y se calcula que en apenas nueve años, para 2030, serán el doble, por eso es urgente que las administraciones públicas y las instituciones nos pongamos manos a la obra para atenderles cuanto antes".

Asimismo, la responsable andaluza de políticas sociales ha apelado a una simplificación de tramites y procedimientos como vía para mejorar la reputación y la confianza de las personas mayores usuarias en sus entidades bancarias de referencia. Tanto Ruiz como el Banco de España han coincidido además en la posibilidad de ahondar en la formación bancaria en general y de banca digital de las personas mayores, con especial atención a las zonas rurales, mediante conferencias, talleres y tutoriales. Así, la responsable de políticas sociales ha ofrecido los 168 centros de participación activa con los que cuenta Andalucía, y que suman más de 460.000 socios.

Asimismo, la consejera se ha referido a uno de los problemas más serios que planea sobre el colectivo, la soledad no deseada, por lo que ha animado al sector bancario a que, dada su proximidad en el trato, participen para poder detectar posibles casos entre sus clientes. "Tenemos el reto de acabar con ese problema, integrar socialmente a las personas mayores e ir mitigando esa soledad tejiendo redes en cada barrio y cada pueblo, creando alianzas entre todos y con el apoyo de las administraciones públicas y entidades", ha señalado.

"El objetivo común debe ser avanzar hacia un trato más cercano a las personas mayores", ha enfatizado Ruiz. En su intervención, ha recordado el compromiso del Ejecutivo andaluz para poner a este grupo de población en el centro de las políticas públicas, plasmado en el Primer Plan Integral 2020-2023. Una iniciativa que implica a todo el Gobierno andaluz, bajo la coordinación de la Consejería de Igualdad, y que cuenta con un presupuesto de 164 millones de euros.

Este plan estratégico que pone el acento en la prevención de la dependencia y el mantenimiento de la mayor autonomía posible al ahondar en un modelo desinstitucionalizado, de forma que las personas mayores puedan escoger cómo y donde quieren pasar esta etapa de su vida y tengan a su disposición los recursos pertinentes. Además, incluye aspectos tan fundamentales para las personas mayores como la prevención de los malos tratos, la atención a la vulnerabilidad o la defensa de los derechos de los mayores LGTBI.