La Consejería de Hacienda y Financiación Europea cuenta con un presupuesto de gasto de 669.451.015 euros para 2022, lo que representa un incremento del 80% en comparación con el ejercicio anterior, que se explica por el impacto de los fondos europeos en materia de energía. En las cuentas de la Consejería se incluyen las dos entidades que tiene adscritas: la Agencia Tributaria de Andalucía y la Agencia Andaluza de la Energía.

Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea, ha detallado que este crecimiento se produce como consecuencia de los aumentos registrados en los capítulos VI (Inversiones reales), VII (Transferencias de capital) y VIII (Activos financieros), que concentran el 97,13% del incremento. De hecho, los recursos que se encargará de gestionar la Agencia Andaluza de la Energía suponen el 76,8% del total de incremento en gastos de capital (capítulos VI y VII), hasta alcanzar los 150.501.059 euros.

En la Comisión parlamentaria para explicar el proyecto de Ley del Presupuesto de Andalucía para 2022 y el detalle de las cuentas de su departamento, Bravo ha abundado en que el incremento en el Capítulo VIII de activos financieros responde a reprogramaciones de las aportaciones con fondos FEDER al FEyDE (Fondo Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico) y al Fondo Jessica 2020, es decir, a los recursos que la Junta de Andalucía establece para dar apoyo financiero a las empresas y que se incrementan en 93 millones de euros.

Bravo ha señalado como ejemplo de la importancia que en estas cuentas tiene la financiación europea y el impulso a la transformación el incremento de la política de Dinamización Económica e Industrial, en la que se incluyen las actuaciones del programa 73A "Ordenación de la actividad energética", que está dotado en el presupuesto con 322,72 millones frente a los 170,37 millones del año 2021, un 89,4% más, y que va orientado a transformar el modelo energético.

"Estamos priorizando el desarrollo de políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, convencidos de que supone, especialmente para nuestra región, una extraordinaria oportunidad de crecimiento y una hoja de ruta para transformar el actual modelo económico en uno más autosuficiente y respetuoso con el medio ambiente", ha indicado el consejero.

Así, ha apuntado que en 2022 se impulsarán y tramitarán una serie de convocatorias de incentivos a través de la Agencia Andaluza de la Energía, destacando los siguientes programas:

• Programa para el Desarrollo Sostenible de Andalucía.

• Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES III).

• Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en la pyme y en la gran empresa del sector industrial.

• Programa de ayuda al autoconsumo y almacenamiento detrás del contador y a las renovables térmicas.

• Programa para la Rehabilitación Energética en Edificios existentes en Andalucía en municipios de reto demográfico (PREE 5000).

Bravo ha señalado que la mejora energética en los edificios e instalaciones de las Administraciones Públicas "será también una prioridad en este nuevo modelo". Así, la gestión de la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA), que realiza la Agencia Andaluza de la Energía, continuará avanzando en esta línea mediante la optimización de los contratos de suministro energético, la realización de auditorías de calidad y la ejecución de inversiones alineadas con los objetivos económicos y energéticos de la comunidad autónoma. "Son 40 millones los que hemos ahorrado a la Administración en este último año gracias al contrato centralizado de electricidad con tarifa plana que tiene la Junta, que nos aísla del incremento del precio", ha recordado el consejero.

"Proyectamos con estas cuentas reforzar los servicios públicos que prestamos desde la Administración y aprovechar la financiación europea para mejorar el modelo productivo y el empleo en Andalucía", ha apuntado el consejero, quien ha desgranado las principales magnitudes del proyecto de Ley del Presupuesto para 2022, que alcanza una cifra global de 43.816,3 millones, lo que supone un incremento del 9% respecto al de 2021.

Unas cuentas que centran todo su esfuerzo en sanidad (1.128 millones más), educación (619 millones más) y políticas sociales (la dependencia crece en 221 millones), ámbitos que concentran más del 60% del gasto no financiero del presupuesto, al sumar 23.595 millones. Un porcentaje que se eleva hasta el 64,9% si se incluye el modelo de financiación de Universidades.

Junto al refuerzo de los servicios públicos esenciales, el consejero ha destacado también la apuesta por la inversión, apoyada en los casi 5.900 millones de euros de recursos procedentes de Europa. Así, las cuentas contemplan un enorme esfuerzo en inversión pública, que crece en 1.677,17 millones (42% más), hasta alcanzar los 5.666,37 millones.