El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto por el que se regula la organización y las funciones de los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía y se desarrolla el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad en la comunidad autónoma. Se trata de una nueva norma que viene a sustituir al Decreto 258/2005, de 29 de noviembre, por la necesidad de actualizar algunas de las funciones por el tiempo transcurrido y, principalmente, simplificar el procedimiento de reconocimiento de la discapacidad con el objetivo de reducir los tiempos de espera de las personas beneficiarias.

Esta norma, desarrollada por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, aborda por primera vez el procedimiento para la obtención del grado, ya que en Andalucía nunca se desarrolló a pesar de que lo hicieron la práctica totalidad del resto de comunidades autónomas. En el caso andaluz, las lagunas de la regulación establecida a nivel estatal en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, se completaban con la normativa general de procedimiento administrativo.

Por lo tanto, en aplicación del principio de eficiencia, se ha procurado racionalizar, simplificar y automatizar los diferentes trámites dentro del procedimiento administrativo de grado de discapacidad, dado que constituye el principio alrededor del que gira todo el sistema de servicios sociales relacionado con los recursos y prestaciones del colectivo de personas con discapacidad. A esto se une el hecho de que el número de solicitudes de grado ha aumentado exponencialmente en los últimos veinte años.

Además, con esta medida se mejora la organización mediante el establecimiento de ratios de puestos de trabajo y equipos de valoración y orientación en función de la variante de la población atendida.

Asimismo, se han eliminado de la norma funciones obsoletas y se han incorporado tareas nuevas que se llevan a cabo como los informes sobre datos de discapacidad sobrevenida en los casos de violencia de género. En este sentido, se ha eliminado una de las actividades que más recursos consumía en la organización de los centros como es la acreditación de grado en los casos de pensionistas por incapacidad permanente y de clases pasivas por equiparación con la incapacidad laboral certificada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Entre las novedades más destacadas, el decreto incorpora un artículo para determinadas situaciones en las que sea posible realizar una valoración no presencial, es decir, sin el examen físico de las personas interesadas. Para ello, establece el análisis de la documentación aportada y la que esté disponible en los sistemas de información de los servicios públicos de salud y educación a los que se pueda acceder, salvo que conste oposición expresa de la persona interesada.

Por otra parte, la solicitud se podrá presentar de forma electrónica. El centro de valoración y orientación realizará las consultas necesarias para verificar los datos declarados en la solicitud en los ficheros en poder de las distintas administraciones públicas sin que la persona interesada deba aportar los documentos.

Una vez efectuadas las pruebas, el centro elevará el dictamen técnico-facultativo a la delegación territorial, para dictar resolución expresa y notificarla en el procedimiento incoado para el reconocimiento, declaración y calificación. Los efectos del reconocimiento se entenderán producidos desde la presentación de la solicitud y el plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses, que se computarán a partir de la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro.

El decreto incluye una disposición adicional para los casos de tramitación de las pensiones no contributivas. A fin de agilizar estas solicitudes, se autoriza a los órganos de gestión de estas prestaciones económicas para que puedan acceder al Sistema integrado de servicios sociales y comprobar el cumplimiento de los requisitos de grado de discapacidad. Asimismo, el personal técnico de valoración de la discapacidad puede consultar la información contenida en la historia clínica de las personas interesadas en el ejercicio de las funciones y competencias que tiene reconocidas, quedando sujeta al deber de secreto.

Labores de asesoramiento

Asimismo, estos recursos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, con la creación de la Unidad de información, orientación y asesoramiento, se ocuparán con el nuevo decreto de informar, asesorar y orientar a personas y entidades públicas o privadas sobre cuestiones específicas relacionadas con la atención a las personas con discapacidad, así como participar en actividades formativas y de sensibilización.

Los equipos de valoración y orientación se organizan conforme a criterios interdisciplinares y estarán compuestos, al menos, por la persona titular de la dirección del centro, que ostentará la presidencia; una persona con el Grado en Trabajo Social; otra en Medicina y una persona con Psicología. Además, en determinados casos y a criterio de la dirección del centro, se pueden incorporar otros profesionales técnicos del centro con experiencia en la materia.

Este decreto se ha elaborado teniendo en cuenta la perspectiva de género que debe estar presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de todos los proyectos normativos y oído el Consejo Consultivo de Andalucía.

Informe de resultados en la atención a la discapacidad

Por otra parte, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha presentado en el Consejo de Gobierno un informe de logros y resultados en la atención a las personas con discapacidad en el que destaca la creación de 915 nuevas plazas desde el inicio de la legislatura y que se han distribuido en función del mapa de necesidades de concertación de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

El documento recoge la apuesta del Gobierno andaluz por un cambio en el modelo asistencial, mediante nuevas formas de convivencia que fomenten la autonomía y el retraso en la institucionalización de las personas. Prueba de ello es la creación de los centros de cuidados intermedios, destinados a retrasar situaciones de dependencia por razón de discapacidad adquirida, aprovechando mejor la ventana de rehabilitación de las personas usuarias.

Para ello, la Consejería ha sido la primera de toda la Junta de Andalucía en tener aprobados y conveniados los fondos europeos Next Generation. En total, 450 millones de euros de los que 330 van destinados a proyectos relacionados con la atención a la discapacidad. Entre ellos, destacan el centro residencial para personas gravemente afectadas de Linares (Jaén), la reactivación de proyectos de centros de atención, un conversor de documentos a lenguaje claro, las subvenciones para proyectos pilotos de innovación en servicios sociales para el Tercer Sector, el proyecto Andalucía más Accesible para garantizar entornos accesibles y comprensibles en los municipios andaluces y el refuerzo de las ayudas para personas con discapacidad sobre innovación y asimilación de tecnologías avanzadas. Así como la apuesta por la accesibilidad universal con la reforma de los centros de valoración y orientación, la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas para una señalización accesible de edificios y el catálogo de pictogramas y las subvenciones dirigidas a los ayuntamientos para la realización de actuaciones de mejora.

Ya es una realidad la mejora de la atención en los centros de valoración y orientación gracias a su modernización tecnológica, la implantación de procesos telemáticos, el servicio de cita previa y la renovación del equipamiento informático. A lo que se suma el nuevo Decreto de organización y funcionamiento aprobado en esta reunión del Consejo de Gobierno.

Entre otras actuaciones, destaca también la realización de un estudio sobre la situación de las personas con discapacidad en el sistema universitario andaluz para medir su grado de inclusión con el objetivo de extraer un conjunto de buenas prácticas; el anteproyecto de Ley de los perros de asistencia que incluye a personas con otras discapacidades además de la visual; la modificación del régimen sancionador de las tarjetas de aparcamiento; la modificación de las bases reguladoras de las distintas líneas de subvenciones con el objetivo de ganar en transparencia y adaptarlas a las necesidades del colectivo, y el inicio de la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley 4/2017 de los derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía.

Asimismo, el Decreto que regula y desarrolla la prestación de la asistencia personal en la dependencia ha iniciado su tramitación normativa y se ha llevado a cabo actuaciones en materia de prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad y campañas de sensibilización para mejorar la imagen de la discapacidad que dejen atrás estereotipos y que garanticen los derechos de las personas con discapacidad en plenitud e igualdad.