El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido que "la regeneración, la transparencia y la racionalización" son "pilares esenciales" que rigen la gestión del actual Gobierno andaluz salido de las urnas hace ahora tres años, ya que "probablemente la corrupción y la falta de transparencia fue uno de los principales motivos que hizo que los andaluces apostaran por un cambio" el 2 de diciembre de 2018.

Marín ha comparecido en comisión parlamentaria para detallar, a petición de los grupos, las medidas puestas en marcha en estas materias, como la Ley contra el fraude ya en vigor; el desarrollo de la Ley de Transparencia -pendiente desde su aprobación en 2015- con el visto bueno por parte de todas las consejerías de planes bienales con medidas y objetivos concretos para mejorar en transparencia, o las herramientas para hacer la información de la Junta más accesible a la ciudadanía, algunas de las cuales ha mostrado a los parlamentarios, como el visor de presupuestos con el que "ahora los andaluces saben a qué va destinado su dinero y ver qué parte de sus impuestos se destina a financiar cada una de las políticas públicas" o el buscador de ofertas públicas de empleo, que recopila toda la información sobre las convocatorias y procesos de selección en el sector público instrumental que el ciudadano antes tenía que buscar "en 64 páginas diferentes".

"Hoy, tres años después, hemos avanzado mucho en materia de transparencia a la hora de que los ciudadanos conozcan perfectamente qué es lo que sus representantes hacen con el dinero público", ha destacado.

El vicepresidente ha subrayado la apuesta de este Gobierno por facilitar el acceso de los andaluces a la información pública, con un portal web renovado con acceso directo a datos sobre las licitaciones convocadas, las subvenciones en plazo, las normas sometidas a información pública e indicadores que facilitan medir la gestión que se realiza. Y se ha tenido en cuenta la accesibilidad con versiones en lectura fácil de normas como la propia Ley de Transparencia y otros textos, una iniciativa aplaudida por el CERMI.

Ha incidido en que desde junio de este año se ha ampliado la información que se ofrece del Consejo de Gobierno al publicar no solo el orden del día y la reseña periodística de los acuerdos adoptados sino todo "el expediente administrativo que acompaña a cada acuerdo. Hemos pasado de una documentación con reseñas periodísticas al texto íntegro de los acuerdos del Consejo de Gobierno y los documentos que los acompañan".

Marín también se ha referido a las actuaciones en materia de racionalización y regeneración, destacando la aprobación de la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción, "una lacra que ha castigado a nuestra comunidad autónoma durante décadas" y frente a la cual ya existe una Oficina contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante dirigida por el magistrado Ricardo Puyol, que prevé elaborar el reglamento de funcionamiento "en los primeros meses de 2022". El vicepresidente ha puesto en valor que se trata de un órgano dependiente del Parlamento "no del Gobierno".

Ha recordado las auditorías realizadas a 54 entes instrumentales "que se encuentran íntegramente publicadas" en el Portal de la Junta, paso previo para poner en marcha un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público instrumental cuyo contrato fue sacado a concurso si bien fue objeto de recurso y "estamos a la espera de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía"

Y "hemos profundizado en el análisis" de los puestos de trabajo del sector público andaluz para llevar a cabo "una homogeneización" ya que "nos encontramos con 30.000 personas, con un gasto que rondaba los 1.200 millones y un largo listado de problemas por resolver, con sistemas de gestión de recursos humanos diferentes, plantillas con problemas dimensionamiento o retribuciones dispares para la misma responsabilidad".

Ha subrayado la apuesta por la "profesionalización" con el Decreto que se está elaborando para regular los procesos de selección y evaluación de los directivos de los entes instrumentales apostando por "capacidad y mérito" y no por la pertenencia a formación políticas. Desde finales del año pasado ya existen unas directrices de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia de la Consejería enviadas a todas las entidades para avanzar en esta fórmula, si bien se está elaborando una normativa de obligado cumplimiento.

Marín también ha detallado otros proyectos pendientes para seguir avanzando en materia de regeneración como el Código del Buen Gobierno para "reforzar las conductas éticas de los altos cargos, estableciendo los valores y principios de conducta, así como las buenas prácticas en la gestión pública" o la Ley de Evaluación de Políticas Públicas, "un mandato de nuestro Estatuto" y destinada a consolidar la rendición de cuentas y poder corregir aquellas políticas que no cumplan los objetivos para los que fueron diseñadas.

"Quedan cosas por hacer", ha reconocido el vicepresidente, que ha confiado en contar con el respaldo de los grupos parlamentarias para poner en marcha algunas de las medidas pendientes en aras de una Administración "más transparente y abierta que nos permita progresar más rápido económica y socialmente".