La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades incrementará en un 25% sus actuaciones de vigilancia y control en el Plan general de inspección de minas 2022-2023, con lo que éstas pasarán de las 200 realizadas en el plan anterior a las 250 previstas. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de su aprobación, alcance y contenido.

Este refuerzo de la labor inspectora en la minería se enmarca en el objetivo de la Junta de continuar reduciendo los accidentes y la siniestralidad en este sector y viene motivada por la creciente actividad extractiva que se observa en las grandes explotaciones activas en la comunidad, sobre todo, en las de carácter subterráneo, fruto del papel de liderazgo de esta industria en el conjunto nacional. En 2019, Andalucía se convirtió en líder español en producción y empleos, así como en número y tamaño de las explotaciones. Además, cuenta con un elevado potencial para incrementar la actividad.

La actividad minera, en determinados puestos de trabajo de operación, implica una peligrosidad mayor que otros sectores, y por esto se la dota de una regulación específica y de un régimen de inspección por parte de la Administración más estricto, que viene definido por normativa estatal y autonómica. De acuerdo con ese marco legislativo, la Junta de Andalucía ha ejecutado los planes de inspección desde el año 2001 con el fin de ejercer un control sobre las instalaciones mineras y sobre todos los trabajos de exploración, investigación, explotación y aprovechamiento de recursos.

A pesar de la peligrosidad inherente a dicha actividad, los datos estadísticos confirman un importante descenso de la siniestralidad en este ámbito. Ya en 2017 se redujeron los accidentes, situándose por debajo de la siniestralidad registrada en el sector de la construcción y revelando una tendencia decreciente que apunta a una convergencia con el entorno industrial.

El nuevo plan redoblará los esfuerzos en las inspecciones sobre la seguridad de los empleados y en la vigilancia de la maquinaria y equipos de trabajo. De las 250 inspecciones programadas, hasta 150 tendrán un carácter más genérico y se centrarán en las explotaciones mineras, mientras que las cien restantes serán más específicas y se dirigirán a la vigilancia de la maquinaria y equipos de trabajo, así como al control de disposiciones internas de seguridad de las empresas.

Las evaluaciones abarcarán desde el estado de las explotaciones, instalaciones y equipos, hasta el propio desempeño de las actividades extractivas, los proyectos aprobados o presentados a la Administración, su puesta en funcionamiento y su mantenimiento. Se incidirá en el estado de los medios de arranque, carga y transporte, en las disposiciones de seguridad y salud para el uso de los equipos, así como en la formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo.

De igual modo, se pondrá mayor acento en el control de la documentación sobre seguridad y salud para la industria extractiva y en los procedimientos previstos en caso de accidente y estaciones de salvamento. También en las medidas de lucha contra el polvo, en las relativas a los explosivos y a la ejecución de voladuras, así como en las destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores frente a otros riesgos, como exposición a vibraciones mecánicas y ruido.

De acuerdo con este instrumento de planificación, el seguimiento de la Administración también velará por la preservación medioambiental y gestión de residuos, además de por la protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras desarrolladas. En este apartado, se incluye el control de las Instrucciones técnicas complementarias relativas a las escombreras y las balsas.

Con el fin de dotar de mayor agilidad y eficacia a la labor de inspección encomendada a la Administración autonómica, la Junta ha introducido importantes cambios en la última reforma de simplificación administrativa aprobada a finales de 2021 a través del Decreto Ley 26/2021. Entre ellos, se otorga el carácter de agente de la autoridad al personal encargado de los correspondientes procedimientos de inspección. También se refiere a la elaboración y alcance de las correspondientes actas, así como a las medidas que se podrán derivar de las acciones inspectoras.

Liderazgo en producción de metales

La minería es una actividad capaz de generar un gran arrastre económico en las comarcas y regiones en las que se desarrolla, convirtiéndose así en una oportunidad para el desarrollo industrial y el empleo de calidad.

Andalucía es una región minera histórica, que cuenta con unos extraordinarios recursos geológicos. Algunos de sus primeros yacimientos de época romana todavía siguen en activo, como es el caso de las Minas de Riotinto. La actividad andaluza representa el 40% del valor de la producción nacional, alcanzando los 1.359 millones, seguido por Cataluña a una considerable distancia, con un 13%. Asimismo, genera 10.000 puestos de trabajo directos y hasta 30.000 indirectos y cuenta con 469 explotaciones. En los últimos años el sector ha venido experimentando un crecimiento espectacular y encabeza la producción de minerales metálicos, con un 90% del total nacional.

Esta actividad ha propiciado en la última década una inversión de unos 2.000 millones de euros y los últimos datos de exportaciones confirman un importante aumento de las ventas al exterior de los minerales andaluces. Por todo ello, este segmento productivo está despertando el interés de grandes grupos internacionales por sus infraestructuras y alta potencialidad minera. La propia Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE), en su informe sobre la minería andaluza presentado en junio de 2021, resaltaba esa posición de liderazgo y las numerosas ventajas competitivas de Andalucía para situarse a la vanguardia de la minería sostenible.

Impulso al sector minero

La Junta ha puesto en marcha en esta legislatura una serie de medidas encaminadas a dotar de impulso al sector minero, en el que Andalucía ha consolidado su liderazgo en términos de producción, empleo y número de explotaciones. De hecho, representa el 40% del valor de la producción nacional, alcanzando los 1.359 millones de euros, seguido por Cataluña a una considerable distancia, con un 13%.

Entre esas iniciativas, adquiere relevancia la Estrategia para la minería sostenible en Andalucía 2030, que se encuentra en fase de elaboración. Este documento pretende fortalecer esta industria en toda la cadena de valor, mejorar su competitividad, apoyar la internacionalización de su tejido empresarial o impulsar la investigación de los recursos minerales disponibles.

Asimismo, la Consejería de Transformación Económica trabaja para poner en marcha en el primer semestre de este año la Red andaluza de municipios mineros, un mecanismo de coordinación de la Junta con las administraciones locales para fomentar el desarrollo del sector. En Andalucía son 260 los municipios en los que existe alguna explotación minera.

Además, otra de las actuaciones contempladas hace referencia a la creación por parte de la Junta de una Comisión interdepartamental para la promoción de la minería sostenible en Andalucía. Será un órgano de coordinación que se dirigirá a impulsar la tramitación de los grandes proyectos y, entre sus objetivos, se encuentra el de agilizar, simplificar y aportar mayor seguridad jurídica a los inversores en las grandes iniciativas mineras.