El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles del diseño y puesta en marcha del futuro Plan territorial de Transición Justa para las provincias de Almería y Córdoba, que prepara la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Entre ambos se prevé la creación y mantenimiento de 10.100 empleos.

Este instrumento de planificación, que tiene como objetivo compensar los costes socioeconómicos, laborales y medioambientales que la descarbonización de la economía y la neutralidad climática impuestas por la UE tendrán para sus comarcas, estará listo en este ejercicio 2022, una vez sea validado por la Comisión Europea. El programa se nutrirá del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que cuenta con 17.500 millones de euros para brindar apoyo a aquellas regiones comunitarias que dependen en gran medida de los combustibles fósiles o de industrias generadoras de efecto invernadero y, por tanto, se ven más afectadas por las directrices europeas de transición ecológica.

De ese instrumento comunitario se le ha asignado a España 868,7 millones, de los que 153,6 millones corresponden a Andalucía, que se articularán a través de planes territoriales de Transición Justa. La Junta, que será la responsable de la gestión de los recursos asignados a la comunidad, ya ha remitido al Gobierno central las propuestas contenidas en este documento dirigido a la provincia.

Plan de Almería

Entre las regiones susceptibles de beneficiarse de las ayudas, la Comisión Europea, en su informe del Semestre Europeo 2020 para España, ya identificaba a la provincia de Almería como destino preferente de intervención. El programa territorial almeriense estará dotado con 51,8 millones de euros e identifica como sectores especialmente afectados por la transición las actividades de producción cementera, la de piedra natural y el mármol, la agricultura de alta productividad, así como las instalaciones industriales de transporte, logística y almacenamiento, sobre todo las relacionadas con los puertos de Carboneras y Almería.

En la provincia se cuantifican 20.000 trabajadores industriales, de los que unos 5.000 están ligados al carbón, al cemento y al mármol y piedra natural. Precisamente, en este sector se presentan importantes retos de sostenibilidad ambiental, economía circular y modernización, incluyéndose inversiones en regeneración y rehabilitación de terrenos, preservando la identidad de las comunidades mineras, salvaguardando y reforzando el patrimonio minero material e inmaterial, incluida su cultura.

La provincia dispone de otras oportunidades de desarrollo económico vinculadas a la industria agroalimentaria, como la automatización de invernaderos, la construcción industrializada, la industria extractiva no energética (piedra natural y mármol), o el desarrollo de actividades turísticas, de la naturaleza o culturales. De igual modo, se identifican potencialidades en el área de las energías alternativas (solar e hidrógeno verde) y captación y uso de CO2, en la economía circular (cadena de valor de la biomasa agrícola, biocombustibles y subproductos plásticos invernaderos) y en la descarbonización del transporte.

El Plan territorial de Transición Justa de Almería considera relevante el apoyo mediante incentivos a las grandes firmas o pymes interesadas en realizar inversiones productivas. También apuesta por fomentar el papel tractor de la industria, por el desarrollo industrial y logístico, así como por la creación, atracción o localización de empresas en la provincia almeriense.

El documento incluye propuestas que ahondan en las sinergias entre empresas y entornos colaborativos. Otras acciones contempladas apuntan a la ruta hipocarbónica del cemento. El fomento de proyectos de investigación, innovación o desarrollo tecnológico, así como la mejora de espacios productivos y empresariales son otras de las líneas de trabajo apuntadas.

Olivar cordobés, pieza principal en los retos de sostenibilidad ambiental trazados por la Junta.

Plan de Córdoba

Por su parte, la provincia de Córdoba dispondrá de una inyección pública de 32,16 millones de euros a través del Plan territorial de Transición Justa. Con 36.900 trabajadores industriales, Córdoba afrontó en 2020 el cierre de la Central de Puente Nuevo, lo que afectó a 129 puestos de trabajo, así como a las empresas de transporte y distribución de carbón. El cese de actividad de esta planta de generación de energía eléctrica motivó que los municipios afectados iniciaran, de la mano del Gobierno central y la Junta, un proceso de búsqueda de alternativas económicas.

Además, en las localidades de la comarca del Valle del Guadiato más directamente perjudicadas por esta decisión, se viene observando una grave tendencia a la despoblación, con una pérdida de residentes del 17% de su población entre 1998 y 2019, siendo especialmente significativa el descenso del colectivo en edad laboral (20-50 años).

La provincia posee una potente industria cementera que presenta retos de sostenibilidad ambiental. También es pujante en la producción de aceite de oliva, en la recuperación de metales, en la industria de transformación del corcho, en la de la madera y mueble y en el sector del frío industrial y la climatización. La transformación ecológica y digital de estos ámbitos industriales, muchos de ellos tractores de la economía regional, así como del sector auxiliar asociado, puede ser apoyada por el Fondo de Transición Justa.

La industria cordobesa dispone de oportunidades de desarrollo económico vinculadas a la economía circular en el campo de la recuperación y reciclado de metales y la valorización energética de residuos. También se identifican esas potencialidades en la industria agroalimentaria, concretamente en la producción ecológica y sistemas de certificación, así como en el equipamiento y materiales para la edificación y la optimización de procesos industriales.

Entre las operaciones de valorización de residuos que se quieren respaldar, destacan las centradas en el cobre o el aluminio, entre otros, aunque se pondrá el foco en la recuperación de combustibles sólidos o los relacionados con la cadena de valor de la biomasa.

Se busca, igualmente, fomentar las industrias tradicionales, como el sector de la madera y el mueble. En esta área, se persigue mejorar sus canales comerciales y logísticos, modernizar sus factores productivos y promover la formación y capacitación de las personas trabajadoras. De igual modo, se deberá afrontar su transición ecológica y digital o la certificación de sus productos, sistemas y empresas.

Por otro lado, esta estrategia de trabajo contempla dinamizar el sector del frío industrial y climatización, fomentando el desarrollo de su cadena de valor, la colaboración entre las empresas, la homologación y certificación de sus productos o su digitalización. También explorará las sinergias y colaboración con otros sectores como el de la distribución de alimentación, de la salud y bienestar de las personas, la depuración y tratamiento del aire o la producción de agua.

Asimismo, se apoyará la automatización, desarrollo y aplicación de tecnologías TIC en la industria, en la construcción y en área del equipamiento militar, con especial hincapié en las oportunidades ligadas a la futura base logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

Igualmente, se prestará atención a las propuestas de emprendimiento agroecológico, creación de viveros de empresas o de digitalización del sector agrario, así como a iniciativas asociadas a la sostenibilidad y economía circular de la industria del metal. A ello se suman medidas de apoyo a la formación y recualificación de las personas trabajadoras, en particular las de la población del Valle del Guadiato.

El desarrollo o mejora tanto de espacios productivos y empresariales como de infraestructuras de transporte y distribución de energía eléctrica, además de la captación, capacitación y formación completan el conjunto de acciones propuestas. Por último, plantea aprovechar las sinergias con otras provincias como Cádiz y Almería, destinatarias también de acciones de Transición Justa.