El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio de la tramitación del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, pendiente desde la aprobación de esta norma en 2014. El objetivo de este reglamento, que impulsa la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, es concretar y ampliar las obligaciones de publicidad activa y suministro de información no solo del Gobierno andaluz, sino de contratistas de la administración, beneficiarios de subvenciones públicas, entidades privadas, consorcios y corporaciones de Derecho Público andaluzas.

El acceso a la información resulta fundamental para la formación de la opinión pública, así como para la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social. La transparencia es una de las herramientas más eficaces para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones y para la prevención y lucha contra la corrupción. Transcurridos varios años desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, resulta necesario su desarrollo reglamentario para una mayor concreción en su aplicación.

El Reglamento de Transparencia incrementará las garantías de la ciudadanía en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Así, desarrollará el procedimiento de acceso a la información pública y la forma de publicación, además de concretar las entidades públicas y privadas sujetas a las obligaciones de la norma.

Entre las principales novedades que prevé el borrador del texto destaca la ampliación de las obligaciones de publicidad activa en la Junta de Andalucía al incluir la publicación de las agendas institucionales de los altos cargos y máximos responsables de sus entidades; la identificación de los consejos de administración, patronatos y órganos equivalentes en los entes del sector público, así como del personal eventual, la publicación de las actas de las mesas de contratación, de una relación de obsequios recibidos y gastos de viaje o completar la información que actualmente se suministra de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) con datos del número real de efectivos, carácter de la ocupación y dotación económica. También contempla aumentar la información accesible en materia de fiscalización de los fondos públicos y la obligación de detallar los medios de comunicación en los que se inserta la publicidad institucional.

Andalucía da así un paso más hacia una verdadera cultura de la transparencia en la gestión pública. Actualmente, solo tres comunidades autónomas -Valencia, Cantabria y Cataluña- han aprobado reglamentos generales de desarrollo de sus respectivas leyes de transparencia autonómicas. El Estado sigue sin publicar el texto que debe concretar la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, anunciado en 2020.

El desarrollo de la Ley de Transparencia se une a otras medidas puestas ya en marcha por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para avanzar en esta materia, como la elaboración del visor de presupuestos, el buscador único de empleo público, la publicación de las auditorías realizadas a 54 entidades instrumentales o la ampliación de la información facilitada sobre los consejos de gobierno en el Portal de la Junta al incluir la documentación de los expedientes de los acuerdos adoptados.