Las entidades locales andaluzas han cumplimentado un total de 141 solicitudes para optar a las subvenciones de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para realizar acciones de Formación Profesional para el Empleo destinadas a personas trabajadoras desempleadas, sumando todas ellas 19 millones de euros del presupuesto destinado al programa.

Las acciones formativas de esta convocatoria van dirigidas a personas trabajadoras desempleadas con dificultades para su inserción o recualificación profesional, que pertenezcan a alguno de estos colectivos o cumplan estos requisitos: perceptores de rentas mínimas de inserción social o de ingreso mínimo vital; parados de larga duración; mayores de 45 años; inmigrantes; personas con déficit de formación que no hayan obtenido el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente; personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social; personas que tengan reconocida la condición de refugiado y solicitantes o beneficiarios de protección internacional, del estatuto de apátrida o de protección temporal; personas pertenecientes a minorías étnicas y aquellas personas que acrediten estar en situación o riesgo de exclusión social.

También se incluyen a mujeres desempleadas en situación de vulnerabilidad y a personas desempleadas con necesidades formativas especiales, que sufran discapacidad física, mental, intelectual o sensorial.

En la distribución de estas solicitudes, destaca la provincia de Sevilla, con 42, seguida de Málaga con 26, Córdoba con 20, Jaén con 18, Granada con 15, Huelva y Almería con 7 cada una, y Cádiz con 6.

Pago anticipado 100%

Una de las principales características de esta convocatoria de subvenciones es que se abonará hasta el cien por cien de la subvención concedida a las entidades locales beneficiarias, con un único pago anticipado antes de iniciar las acciones formativas, lo que permitirá a los ayuntamientos, corporaciones y entes locales no tener que comprometer sus propios recursos ni tener que adelantar fondos propios.

La primera de las acciones formativas tendrá que iniciarse en el plazo máximo de cuatro meses desde la notificación de la resolución de concesión, debiendo ejecutarse el proyecto subvencionado en un plazo máximo de 18 meses.

Las entidades locales han contado con un catálogo abierto de especialidades formativas para presentar sus solicitudes, con el fin de poder elegir aquellas que crean más oportunas y necesarias según las características propias de cada localidad. En todo caso, estas especialidades debían estar incluidas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas (https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/EspecialidadesFPE/).