La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública apuesta por la mediación como vía extrajudicial para la resolución de conflictos, una fórmula con especial éxito en el caso de las infracciones cometidas por menores de edad como refleja el aumento del 42,4% de las mediaciones realizadas en Justicia Juvenil.

Así se recoge en la última memoria anual de este sistema según la cual en 2021 se realizaron en Andalucía un total de 2.057 mediaciones, 513 más que el año anterior. El aumento en el uso de esta vía con los menores que cometen alguna conducta contraria a la norma y que altera la convivencia en sociedad fue común en la mayoría de las provincias, si bien destaca el incremento registrado en Córdoba, al pasar de 187 actuaciones en 2020 a 400 el año pasado, un 112% más.

Aun así, aún hay una provincia que supera a Córdoba en el uso de la mediación con los menores infractores: Almería, con 543 el año pasado (frente a las 426 de 2020, un 27% más). A ambas provincias les siguen Málaga, con 280 mediaciones en 2021; Sevilla, con 268; Cádiz, con 224; Jaén, con 138; Granada, con 119; y Huelva, con 94.

De las 2.057 mediaciones realizadas el año pasado, 1.526 fueron con chicos y 531 con chicas. Por edades, 940 fueron actuaciones con jóvenes de 16 y 17 años; 931 con menores de 14 y 15 años; y 186 con infractores que ya habían cumplido los 18 años.

La memoria del Sistema de Justicia Juvenil revela que en 2021 bajó un 8% el número de menores infractores que cumplieron medidas de internamiento, un descenso registrado en todos los tramos de edad y en ambos sexos. En concreto, los jueces impusieron medidas privativas de libertad a 1.081 menores el año pasado (932 chicos y 149 chicas), más de la mitad con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años y un 86,3% de nacionalidad española. La medida más común fue el internamiento en régimen semiabierto.

En cuanto a los infractores con medidas no privativas de libertad impuestas por los jueces el año pasado fueron 5.200 (4.245 chicos y 955 chicas), un 0,6% más que en 2020. De nuevo casi la mitad en el tramo de edad de 16 y 17 años y casi un 88% españoles. La medida más común fue la libertad vigilada, seguida de las tareas socieducativas. La Consejería de Justicia mantiene convenios suscritos con entidades locales e instituciones públicas y privadas, como clubes deportivos u organizaciones sin ánimo de lucro, para facilitar que los menores a los que le imponen realizar tareas socieducativas o trabajos en beneficio de la comunidad puedan ejecutarlos en sus propios municipios.

En ambos casos, los conductas más habituales que motivaron estas decisiones judiciales fueron contra el patrimonio y lesiones.

En Andalucía hay 59 centros y servicios para que los menores cumplan las medidas impuestas por los jueces que cuentan con 895 plazas y donde trabajan más de 2.000 profesionales. En concreto, existen 14 Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) con 751 plazas y 1.615 profesionales; 18 grupos de convivencia educativa con 144 plazas y 153 trabajadores; ocho servicios integrales de medio abierto con 165 empleados especializados; dos equipos de medio abierto con nueve profesionales; nueve centros de día con 36 personas en plantilla, y ocho equipos de mediación con 25 mediadores.