El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado en comisión parlamentaria los ejes que marcarán la legislatura respecto a las políticas que son de su competencia. Ha invitado a los grupos a alcanzar un consenso para diseñar "un modelo propio de Justicia para Andalucía" y un "nuevo marco de relaciones con las entidades locales" desde el "respeto" y sin "tutelas", eliminando el "sobrecontrol financiero" de la Junta hacia los ayuntamientos y las trabas burocráticas.

Nieto ha dedicado especial atención a las competencias en materia de Administración Local que ostenta la consejería, en cuya estructura el órgano directivo encargado de las mismas ha elevado su rango al pasar de una Dirección General a una Secretaría General que lidera María Luisa Ceballos. A su juicio, es necesario crear un nuevo marco de relaciones de la Junta de Andalucía con ayuntamientos, diputaciones y demás entidades locales basado en el "respeto, la simplificación administrativa y la liberación de presiones" a éstas, eliminando el "sobrecontrol financiero" de las mismas.

Así, ha abogado por "asumir como propio el control que ya realiza la Intervención municipal" a la gestión financiera de las entidades locales y "no imponer otro control" autonómico, sustituyendo éste a favor de que los ayuntamientos se sometan más a la supervisión de la Cámara de Cuentas. Además, ha apostado por reducir también la "presión" a los municipios por parte de otras administraciones como el Gobierno central en materias como la obligación de suministrar información trimestralmente de sus cuentas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fruto de "un momento de crisis". Nieto ha propuesto que el plazo sea semestral para liberar de burocracia a los ayuntamientos.

"Cooperación, toda, tutelas y presión, ninguna", ha resumido Nieto respecto a la relación que quiere establecer entre la Junta y el municipalismo, para lo cual ya se ha reunido con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y ha comenzado a mantener encuentros instituciones con los presidentes de las diputaciones y alcaldes de las capitales de provincia y grandes ciudades.

En cuanto a la cooperación financiera del Gobierno andaluz con los ayuntamientos, que en la última legislatura se ha incrementado progresivamente hasta superar los 1.500 millones, el consejero ha calificado de "antigua" la tradicional división entre fondos condicionados e incondicionados y ha apostado por realizar los cambios normativos necesarios para dividirlos en "estructurales y coyunturales" de forma que los primeros no tarden meses en llegar a las arcas municipales.

En materia de Administración Local, Nieto también ha señalado el apoyo a las entidades locales para digitalizar su administración mediante Cep@l una herramienta puesta en marcha por la consejería y a disposición de los ayuntamientos de manera gratuita que permite "homogeneizar" los 600 procedimientos más habituales que realizan los ciudadanos con los consistorios con total seguridad jurídica. "Permite que los andaluces no tengan un papel diferente en cada ayuntamiento cuando tienen que pedir una licencia de obras, un permiso de actividad o solicitar una VPO".

También se ha referido a la necesidad de plantear "debates que pueden ser incómodos" como la obligación de analizar el presente y el futuro del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) para "mejorarlo y ser más eficientes" en vez de dejarse llevar por la inercia. El PFEA es un gran instrumento que permite a los ayuntamientos mejorar equipamientos e infraestructuras publicas y generar empleo, fijando así la población al territorio. Las obras y proyectos que ejecutan los municipios son cofinanciadas por el Estado, a través del SEPE, las diputaciones provinciales y la Junta de Andalucía. Precisamente, Nieto ha anunciado que el próximo día 22 firmará en Córdoba el convenio con los presidentes de las ocho diputaciones para la financiación del PFEA de este año, cuyas obras se ejecutan entre 2022 y 2023, y pedirá a estos que "trasladen su visión y propongan mejoras para ser más eficientes".

Reflexión y planificación para un modelo de Justicia sin parches

Respecto a las competencias sobre Justicia, Nieto ha defendido que ésta es "uno de los cimientos si no el gran cimiento de la democracia" por lo que "tiene que ser una auténtica prioridad" para cualquier gobierno. "Queremos que haya un modelo de Justicia para Andalucía, no digo nuevo ni mejor, digo un modelo", ha subrayado, tras señalar que en las reuniones que ya ha mantenido con los diferentes agentes judiciales como el presidente del TSJA, la Fiscal Superior de Andalucía, los sindicatos de Justicia o colegios profesionales ha percibido la falta de la planificación y diseño de un modelo tras 25 años con las competencias transferidas.

"Hemos ido solventando problemas pero no hemos tenido tiempo ni capacidad para generar un modelo y queremos hacerlo entendiendo la realidad de Andalucía, con más de 8,5 millones de personas, en un territorio muy amplio, con mucha diversidad, con problemas de sobrepoblación en unos territorios y despoblación en otros", ha explicado.

Para Nieto -que cuenta en su equipo con Luis García Navarro como secretario general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración, y Rosalía Espinosa como secretaria general de Servicios Judiciales- ese modelo debe basarse en "el diálogo con todos los operadores jurídicos, formaciones políticos, representantes de los trabajadores y ayuntamientos"; así como en la "humanización" del sistema; en la coordinación administrativa y en potenciar mecanismos como la mediación para reducir la carga de trabajo que soporta el sistema y que ralentiza la solución a los problemas de los jusiticiables.

Así, para Nieto, el "primer objetivo es reducir la litigiosidad y el segundo mejorar la dotación de medios humanos y técnicos" del sistema. En este sentido, ha reconocido que "tenemos sedes en condiciones lamentables" y ha aludido a la reciente reunión con el alcalde de Cádiz para buscar una solución a la Ciudad de la Justicia en una ciudad con un grave problema de dispersión judicial". Ha aludido a la necesidad de llevar la administración electrónica y la digitalización a los juzgados, gracias a la oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation y con el nuevo portal @driano como referencia.

El consejero ha subrayado que la implantación de las Oficinas Judiciales y Fiscales ya en marcha en la mayoría de las provincias va a ser vale para hacer más eficiente la ordenación de los recursos humanos. Asimismo, la Ley de Eficiencia Organizativa que se está tramitando en las Cortes Generales conlleva con cambios en procedimientos, y una nueva ordenación de sedes judiciales que afectará a los funcionarios de esta administración y que se abordará en la Estrategia de Recursos Humanos de la Administración General de Justicia de Andalucía 2022-2030.

Captar talento para la Junta, nuevos perfiles y cultura evaluadora

En la actual legislatura, la consejería asume las competencias en materia de Función Pública anteriormente adscritas a Presidencia y con ellas la regulación del propio funcionamiento de la Junta de Andalucía con una nueva norma cuyo Proyecto ya ha aprobado el Consejo de Gobierno. Nieto ha propuesto a los grupos parlamentarios tramitar por vía de urgencia la Ley de Función Pública, que sustituirá al texto actual de 1985, para poder aprobarla antes de final de año. El consejero ha destacado la importancia de esta norma y del Plan estratégico de recursos humanos para comenzar a afrontar el reto que supone que en los próximos 10 o 15 años se jubilará el 50% de la plantilla de funcionarios de la Junta.

Nieto ha señalado que ante este desafío, "seguramente" serán necesarios nuevos perfiles, reorientar procedimientos de la administración y la ubicación de las plazas en los servicios centrales y periféricos así como "saber el número óptimo de funcionarios que necesitamos y cuántos podemos pagar porque si rompemos ese equilibrio generamos un problema mayor del que tratamos de resolver". En este sentido, ha subrayado que uno de los objetivos prioritarios de la nueva ley es "retener y captar talento" para que en la Administración Pública estén los mejores.

La tramitación por vía de urgencia del texto, consensuado con la mayoría de los sindicatos más representativos, permitiría aprobarlo antes de acabar el periodo de sesiones actual mientras que la tramitación ordinaria llevaría hasta marzo o abril, según ha explicado el consejero, que ha insistido en que va a "priorizar" esta norma. No obstante, ha dejado claro que será una decisión de los grupos la vía de tramitación para que la forma no centre el debate y éste se centre en el contenido.

Además de la Ley de Función Pública, que apuesta por la formación y la evaluación del desempeño con nuevos órganos de control, y el Plan Estratégico de Recursos Humano de la Administración General de la Junta de Andalucía, se ha comprometido a "seguir avanzando en la recuperación de derechos sociales" por parte de los empleados públicos y a "potenciar la actividad y el protagonismo" del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP), que dirige en esta legislatura José Loaiza y se adscribe a la Secretaría General para la Administración Pública liderada por Arturo Domínguez.