La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha reiterado la importancia de que el Gobierno central contemple las "justas" alegaciones al Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) que Andalucía presentó al Ministerio tras elaborarlas "en unanimidad con el sector". "Defendamos a Andalucía y a nuestros agricultores y ganaderos", ha recalcado Crespo, que se pregunta porqué tienen que perder fondos los andaluces en el nuevo marco "si ninguna comunidad autónoma pierde".

En respuesta a una pregunta parlamentaria, la responsable de Agricultura ha recordado que entre las alegaciones presentadas por la Junta se encuentra la modificación del sistema de agrupación de las regiones productivas propuesto por el Estado. Asimismo, se ha referido a la necesidad de aumentar los ecoesquemas de regadío y de secano" para que no pierdan 500 millones de euros, entre otros, la Campiña de Sevilla, la Loma de Jaén, el Condado de Huelva y la Vega de Antequera". "Con la fórmula que Andalucía ha planteado por unanimidad, no perderían", ha aseverado.

Carmen Crespo ha hecho hincapié también en su solicitud al Gobierno central de conceder "una moratoria" de la entrada en vigor de las exigencias ligadas a los ecoesquemas para que estas nuevas herramientas "no supongan un coste de producción adicional a nuestros agricultores y ganaderos". De esta forma, podrían percibir estas ayudas ligadas a prácticas ambientales sin necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones.

A modo de ejemplo de otras cuestiones incluidas en el Pepac que Andalucía no comparte, Carmen Crespo ha lamentado que "los pastos comunales de la Sierra de Segura, en Jaén, van a ser penalizados porque tienen unas dimensiones importantes y el criterio del Gobierno de España ha sido adaptado a otras zonas de pastos de dimensiones más reducidas".

La consejera ha recalcado que desde Andalucía "pedimos diálogo al Ministerio" y ha recordado que ha solicitado una reunión bilateral con el responsable de Agricultura a nivel nacional para tratar estas cuestiones que son susceptibles de negociación y que, "en este momento, se pueden arreglar". "Los agricultores y ganaderos quieren hacer las prácticas de los ecoesquemas pero hay que darles recursos económicos y tiempo para hacerlo", ha apuntado Crespo, que apuesta por "ayudar a estos productores que se encuentran actualmente en una situación difícil" por los altos costes de producción y el impacto de la sequía, entre otros condicionantes.

Sector pesquero

Asimismo, la consejera ha mostrado su total apoyo al sector pesquero andaluz ante las nuevas amenazas que se ciernen sobre sus pesquerías con artes de fondo en el Golfo de Cádiz. La Comisaría de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea a través su Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare), ha aprobado un Acto Delegado que veda la actividad con artes de fondo en 87 pesquerías del Atlántico Nororiental afectando especialmente a la flota que opera en el Golfo de Cádiz, tanto de arrastre como de palangre.

En otra respuesta parlamentaria, Crespo ha pedido que "el Ministerio presente un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea" recordado que la norma no tiene fundamento porque "se basa en datos científicos del año 2011 y no en informes actualizados" que sustenten esta prohibición a la pesca. Crespo ha señalado que esta norma "es injusta y contraria al Reglamento Europeo porque regula por debajo de 400 metros de profundidad, al tiempo que carece de informe socioeconómico". Por ello, ha instado igualmente al Ministerio a que elabore una Orden Ministerial que refleje esta situación y las contradicciones legales en que incurre el Reglamento Delegado.

La consejera se reunió con todo el sector de la pesca porque entiende que, "por encima de cualquier cosa, afecta a todo el Golfo de Cádiz" y ha querido visualizar la unidad de acción en la defensa de éste y el apoyo, "que no puede ser de otra manera", del Gobierno andaluz. Junto a todo esto, la consejera ha querido incidir en el hecho de que "para tomar estas decisiones hay que escuchar al sector y tener en cuenta todos los condicionantes, recordando al respecto que en Andalucía más de 20.000 familias viven de la pesca. En este caso, la nueva norma pondría en peligro a un total de 126 barcos de artes de fondo de la zona y a más de 600 pescadores.

El Reglamento aprobado el 15 de septiembre por la DG Mare de la Unión Europea y que debe entrar en vigor el 9 de octubre, se refiere a ecosistemas especialmente sensibles en caladeros del Atlántico en los que habitualmente pescan barcos de España, Portugal, Francia e Irlanda. En total son 87 las zonas señaladas.

Las pesquerías afectadas y a las que se refieren los informes científicos son las de arrastre de fondo. Sin embargo, el sector observa como Europa pretende también incluir al palangre, que en el caso del Golfo de Cádiz se dedica principalmente a la pesca del voraz y que tienen sus principales puertos base en Barbate y Conil, que se verían especialmente perjudicados. Esta inclusión no está sustentada ni argumentada, observan los afectados, en ninguno de estos informes.