El Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto ley por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por el que se regula el servicio de los vehículos de transporte con conductor (VTC). La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha defendido en el Pleno que, mediante este decreto ley, "Andalucía se ha dotado del mejor marco regulatorio posible para la convivencia armonizada de taxis y VTC, teniendo en cuenta la realidad de nuestra comunidad autónoma y pensando siempre en el beneficio de los ciudadanos".

La consejera ha reivindicado que el decreto ley convalidado por el Parlamento "es una normativa con sello netamente andaluz", distinta por tanto a las de Madrid o Cataluña, y ha destacado su carácter "valiente", al permitir que las VTC sigan trabajando en las ciudades, pero fijando unos requisitos "para no dañar al taxi y este servicio público de interés general se vea reforzado y asegurado". Marifrán Carazo ha recordado que la voluntad del Gobierno andaluz no ha sido llenar las ciudades de VTC sino "resolver el vacío legal al que nos enfrentábamos por la inacción del Gobierno de España al suprimirse, a partir del 1 de octubre, el servicio urbano de VTC".

"Nuestro propósito ha sido, por tanto, ordenar el servicio de las licencias de VTC en nuestras ciudades para garantizar su convivencia en armonía con el sector del taxi en beneficio siempre del usuario y teniendo claro, como así dice la ley estatal, que los VTC están limitados a dar un servicio por precontratatación", ha remarcado.

Además, ha defendido que las medidas incluidas en este decreto han sido debatidas y negociadas con todos los agentes implicados (los VTC, la FAMP, los ayuntamientos implicados o sindicatos), "pero especialmente con el sector del taxi, porque valoramos el servicio que prestan los taxistas y estamos convencidos de que este decreto va a contribuir a su estabilidad". La consejera ha señalado que en este decreto "se han ajustado al máximo los equilibrios para que convivan en armonía taxis y VTC" y ha recordado que en su redacción final sólo han quedado excluidas dos peticiones de los taxistas "y no por capricho sino por seguridad jurídica": la precontratación con un tiempo de 15 minutos y la eliminación de licencias estatales concedidas a los VTC. "Haber admitido en este decreto medidas controvertidas, caso de la precontratación por tiempo, hubiera supuesto enfrentarnos a un escenario de incertidumbre judicial y a posibles reclamaciones del sector de las VTC, como de hecho ha ocurrido en otras comunidades autónomas", ha asegurado.

La consejera de Fomento se ha mostrado convencida de que todas las medidas contempladas en el decreto y en vigor desde el pasado 1 de octubre "van a contribuir a la estabilidad del taxi y a propiciar esa coexistencia pacífica con los VTC en una comunidad como la nueva con un enorme arraigo del taxi". Así, ha destacado que "hoy, gracias a este decreto, se impide la geolocalización de los VTC; se van a fijar determinadas condiciones técnicas en cuanto a color y tamaño; y se va a exigir a los conductores superar los mismos requisitos de capacitación que los taxistas. Todo esto antes no ocurría".

El decreto ley establece que no habrá más autorizaciones que las que ha concedido el Estado, ya que sólo podrá haber nuevas si se cumple la ratio de un VTC por cada 30 taxis. Además, se fijan zonas de protección para que los VTC no puedan aparcar ni circular de forma continuada sin servicio precontratado a 300 metros de aeropuertos, puertos o estaciones de trenes y autobuses, así como a 150 metros de hospitales, grandes centros comerciales y de ocio, paradas de taxis, hoteles de al menos 4 estrellas, sedes judiciales o lugares donde se celebre un evento deportivo, cultural o social.

En base a este decreto ley, los ayuntamientos podrán establecer como máximo 52 días al año de descanso obligatorio a los VTC (uno por semana sin que coincidan con los días de más demanda). La Junta incluirá en el reglamento una regulación de precios que evite tarifas abusivas de los VTC en determinados momentos de gran demanda. En ese sentido, se podrá establecer una tarifa máxima conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad y previa audiencia de las organizaciones del sector, de consumidores y usuarios. Por último, se impone a las plataformas intermediarias la responsabilidad indemnizatoria para velar por los derechos del consumidor, así como tendrán que resarcir al cliente por la cancelación del servicio.

Colaboración de los ayuntamientos

Marifrán Carazo ha incidido en que esta convalidación "no va a suponer en ningún caso un punto y final" y ha subrayado el "papel esencial" que deben jugar los ayuntamientos para velar por el cumplimiento de esta normativa. "A los ayuntamientos hay que pedir colaboración y ayuda en la aplicación de la ley porque ellos son los primeros interesados en garantizar esa convivencia entre taxis y VTC. Pero es conveniente recordar que antes de aprobarse este decreto, los ayuntamientos ya tenían obligación de velar por el cumplimiento de la norma con su Policía Local y tenían la capacidad de inspección compartida con la Junta de Andalucía".

Al respecto, ha recordado que a partir de ahora, gracias a este decreto, los ayuntamientos dispondrán, además, de potestad y capacidad sancionadora, lo que les permitirá también poder recaudar. Por último, la consejera ha mostrado su disposición a seguir dialogando y negociando este marco regulatorio en aras de alcanzar el máximo acuerdo y consenso.