El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA), un documento que marcará la estrategia a seguir por la Junta de Andalucía hasta el año 2030. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha informado de que el nuevo plan prevé una inversión de 7.766 millones de euros, con especial incidencia en el desarrollo de los metros y tranvías andaluces y del impulso a la red viaria de titularidad autonómica, tanto en su conservación como en el desarrollo de nuevas carreteras.

Marifrán Carazo ha asegurado que el PITMA es un documento "realista y ejecutable", lejos del antigua plan PISTA, que en su ejecución "se olvidó de las inversiones en terminales intermodales y del desarrollo de las áreas logísticas", además de "no potenciar los programas de fomento del transporte público". El nuevo plan "sí impulsa la red logística, hace una apuesta por la digitalización en las infraestructuras y hace una gran apuesta por los metros y los tranvías y la mejora del transporte público".

Entre las actuaciones previstas está la conservación de los más de 10.500 kilómetros de red viaria de titularidad autonómica.

Además, se recoge el desarrollo de un nuevo marco normativo para el transporte y la movilidad sostenible, el impulso de un sistema inteligente del transporte público que atienda a todos los modos; el diseño de un nuevo sistema concesional de transporte por carretera; o la mejora de la política tarifaria para fomentar la intermodalidad. De igual forma, se contempla el desarrollo de una red de corredores limpios y la mejora de la eficiencia energética en los sistemas de transportes. Por último, se apuesta por una ampliación de la Red Logística de Andalucía y una mejora del sistema portuario.

El plan ha sido fruto de un minucioso trabajo de redacción y tramitación de dos años y medio, desde que el Consejo de Gobierno de la Junta acordó su formulación en mayo de 2019. Durante su elaboración se ha garantizado la participación real y efectiva de la ciudadanía, los agentes económicos y sociales y las administraciones públicas para obtener un documento de consenso. Además, se ha atendido a los procedimientos de evaluación del impacto en la salud y de evaluación ambiental estratégica.

De la inversión prevista en el nuevo plan de infraestructura, más del 41% procede de financiación pública directa de la Junta de Andalucía, mientras que un 23% procede de fuentes como los mecanismos financieros que pone a disposición la Unión Europea (como los Feder) y un 18% se estima que corresponderá al Estado. También se contará con colaboración público-privada en algunas líneas, como es el caso de áreas logísticas y puertos. Los porcentajes de inversión podrán variar en función de la financiación que finalmente resulte del nuevo marco financiero Feder.