La Junta de Andalucía y el Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI Andalucía) han alertado de que 20.000 empleos de personas con discapacidad están en riesgo con la reforma de incentivos a la contratación laboral que plantea el Gobierno de España.

El movimiento asociativo de la discapacidad en Andalucía, que representa a más de 700.000 personas, coincide con el Gobierno andaluz en rechazar la reforma que hace peligrar estos puestos de trabajo que son fundamentales para la inclusión, independencia y bienestar de este colectivo que sigue encontrando serias dificultades para su inserción laboral.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, han celebrado este encuentro con representantes de CERMI Andalucía para abordar la situación actual de los centros especiales de empleo que gestionan estas entidades y el futuro laboral de las personas con discapacidad en Andalucía.

Injerencia en competencias

Las representantes del gobierno andaluz y el CERMI andaluz coincidieron en rechazar la reforma planteada por el Gobierno sobre los incentivos a la contratación por el negativo impacto en el empleo de estas personas, ya que "socava los fundamentos del empleo protegido de los Centros Especiales de Empleo, toda vez que elimina las bonificaciones a la contratación de estos centros y, además, "infiere en las competencias que tenemos las comunidades exclusivas en subvenciones y políticas activas de empleo", ha apuntado la consejera de Empleo, Rocío Blanco.

Por su parte, la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ha advertido de que la decisión del Gobierno de España supondrá "un auténtico drama para las personas con discapacidad y sus familias", al tiempo que ha subrayado que "contarán siempre" con el apoyo de la Junta de Andalucía.

Esta reforma, recogida en un Anteproyecto de Ley elaborado por el Ejecutivo central, supone una disminución drástica de los recursos destinados al empleo de las personas con discapacidad, y contempla, además, la equiparación de las bonificaciones del empleo protegido al ordinario, rompiendo el sistema establecido actualmente y que está vigente desde hace años, lo que no tiene ninguna justificación objetiva y ni se han valorado las nefastas consecuencias que esta medida puede conllevar, advierten desde CERMI Andalucía.

Por todo ello, exigen la retirada de esta iniciativa por las consecuencias devastadoras para el empleo de las personas con discapacidad en Andalucía, ya que va a provocar pérdidas de empleo, va a minorar la contratación de personas con discapacidad y se va a poner en riesgo la viabilidad del empleo protegido necesario para estas personas, ya que se genera para dar oportunidades laborales a personas que sin esta vía quedarían excluidas del mercado laboral y verían cerrada una puerta clave para su inclusión.

La Junta ha mostrado su respaldo a estas reivindicaciones planteadas por el movimiento de la discapacidad de Andalucía, coincidiendo en los nefastos efectos que la norma estatal va a provocar en este colectivo.

En este encuentro estuvieron presentes también la directora general de Incentivos para el Empleo y Competitividad Empresarial, Aurora Lazo, y el director general de Formación Profesional para el Empleo, Joaquín Pérez, junto a la presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, y su vicepresidenta, Sara Rodríguez.