El presupuesto de la Consejería de Política Industrial y Energía para 2023, departamento de nueva creación en esta legislatura que agrupa las competencias en materia de industria, energía y minas, se sitúa en 361 millones de euros, lo que supone un aumento del 175% en comparación con las políticas que se encontraban repartidas entre varias consejerías, protagonizando así la principal subida de las cuentas autonómicas para el próximo año. El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha detallado en Comisión parlamentaria las principales partidas presupuestarias para el próximo ejercicio, así como los objetivos más destacados que se plantean en base a las mismas.

Este incremento, ha explicado Paradela, "muestra la apuesta del Gobierno andaluz por las políticas de dinamización industrial y el impulso a la revolución verde en Andalucía, que nos va a permitir avanzar en las metas que nos hemos marcado para esta legislatura". Así, se ha referido al desarrollo de un tejido industrial "sólido, diversificado y competitivo", y al propósito de conseguir "que la actividad industrial alcance un Valor Añadido Bruto de 20.000 millones de euros en 2026".

Respecto a la energía, el consejero ha señalado que su departamento trabajará para "situar la comunidad a la vanguardia en materia de sostenibilidad y transición energética", con la meta de instalar 12 nuevos gigavatios de potencia renovable, y lograr cubrir el 75% de las necesidades eléctricas andaluzas mediante generación sostenible.

"Queremos hacer de Andalucía un referente europeo en esta materia y minimizar el impacto que está teniendo el precio de la energía en los hogares y los sectores productivos, así como revertir la alta dependencia de los combustibles fósiles que aún mantenemos", ha asegurado el consejero.

Para ello, la Agencia Andaluza de la Energía, adscrita a la Consejería de Política Industrial y Energía, cuenta con 218 millones de euros para continuar incentivando actuaciones de ahorro, eficiencia energética, uso de energías renovables e impulso de un transporte más sostenible a ciudadanos, empresas y entidades públicas para avanzar en la transición energética de Andalucía.

En este periodo también se va a desarrollar la Estrategia Energética de Andalucía 2030 mediante programas de actuación y medidas que se llevarán a cabo en su segundo periodo de vigencia 2023-2026 y se continuará promoviendo el ahorro energético en la Administración regional.

En el ámbito minero, la Consejería aspira a incrementar al menos un 20% la producción actual de la minería metálica "aprovechando el inmenso potencial de la región y su papel de liderazgo", ya que concentra el 90% del valor de producción nacional, y convertir Andalucía "en proveedora de las materias primas que la agenda climática y digital de Europa demanda". En este sentido, el consejero ha enfatizado que la Junta de Andalucía apoyará e impulsará las nuevas oportunidades para el crecimiento económico, la innovación y la generación de empleo en la minería andaluza.

Para estas dos áreas, industria y minas, el consejero ha reseñado que el presupuesto se multiplica por seis y pasa a contar con 125,7 millones de euros, un 485% más. Destaca en las cuentas de su departamento la partida de 86,8 millones procedentes del Fondo de Transición Justa, previsto por primera vez en el marco comunitario 2021-2027, y destinado a las provincias de Cádiz, Córdoba y Almería "para promocionar su desarrollo industrial y avanzar en la transición energética tras el cierre de sus centrales térmicas" (de carbón).

Consciente asimismo de la situación actual y de un escenario de costes energéticos muy elevados, la Consejería contempla para el año próximo una línea de ayudas que irán destinadas a "minimizar el impacto que el incremento del precio del gas está teniendo en las pymes y autónomos de la industria manufacturera".

El presupuesto también va a permitir continuar con la planificación de la política industrial para el periodo 2023-2027, así como desarrollar programas para atraer inversiones para "industrias tractoras", como las ayudas complementarias a los Incentivos Económicos Regionales, dotadas con 1,8 millones de euros en las cuentas del ejercicio 2023.

Igualmente, se dará continuidad a la línea de avales de operaciones financieras por valor de 30 millones de euros, a través de la sociedad de garantía recíproca Garántia, con la que facilitar liquidez a pymes y autónomos del sector industrial.

Centrándonos en la industria extractiva, el consejero ha resaltado la Estrategia para una Minería Sostenible en Andalucía 2030, que se lanzó la semana pasada y que va a contar con la participación de los agentes económicos y sociales, así como con los colegios profesionales vinculados al sector en su elaboración. Una hoja de ruta que marcará las políticas autonómicas de apoyo al sector a lo largo de esta década y que verá la luz en la primera mitad del próximo año. Entre sus principales novedades destaca la incorporación de una evaluación energética integral para convertir la industria minera en referente en el aprovechamiento de las energías renovables y para mejorar la eficiencia energética en su actividad, reduciendo así su factura eléctrica.

El presupuesto del departamento de Política Industrial y Energía prevé una partida de 16 millones para desarrollar proyectos de restauración minera de explotaciones abandonadas en las provincias de Almería, Córdoba, Jaén y Granada. Del mismo modo, se pondrán en marcha los planes de inspección de las instalaciones industriales, mineras y energéticas, dotados con 1,7 millones, para velar por la seguridad de las personas, bienes y el medioambiente, así como hacer el seguimiento de los residuos mineros.

En relación a la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA), adscrita a la Consejería, las cuentas para el próximo año prevén casi un millón de euros para realizar actuaciones de mejora en la eficiencia energética en las estaciones de ITV, así como para avanzar en su proceso de digitalización y de modernización del servicio para mejorar la experiencia del usuario.