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Andalucía propone al Ministerio de Justicia "hacer piña" para que los fondos europeos se destinen a sedes judiciales

José Antonio Nieto traslada en la Conferencia Sectorial la "incertidumbre" ante la financiación para adaptar los edificios a las nuevas leyes organizativas

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, Jose Antonio Nieto, ha expuesto en la Conferencia Sectorial de Justicia la "incertidumbre" de las comunidades autónomas ante la financiación necesaria para acometer las obras que permitan adaptar las sedes judiciales a las nuevas leyes organizativas de la Administración de Justicia, por lo que ha instado al Ministerio de Justicia a conseguir que se puedan usar fondos europeos igual que se dedican a otras infraestructuras públicas.

Nieto ha señalado que si la reorganización de la planta judicial a las nuevas leyes de eficiencia organizativa, administrativa y digital "depende de la capacidad económica de las comunidades autónomas y del Ministerio, vamos a generar frustración", por lo que ha abogado por trabajar conjuntamente entre la administración central y autonómica para que se puedan destinar fondos europeos a "impulsar estas leyes judiciales".

El consejero de Justicia ha hecho hincapié en que son "tres leyes muy ambiciosas que exigen cambios en el fondo y en la forma" de los órganos judiciales, para los que será necesario reordenar los espacios físicos y equiparlos para digitalizar la Administración de Justicia y adaptarla al siglo XXI.

En el caso de Andalucía, el reto es aún mayor al contar en la comunidad con 85 partidos judiciales y 985 unidades judiciales en los que trabajan más de 8.000 funcionarios.

Por ello, Nieto ha pedido a la ministra, Pilar Llop, "hacer piña" entre el Ministerio y las comunidades autónomas para "tratar de conseguir que lo mismo que los fondos europeos sirvieron para financiar edificios nuevos de sanidad, educación y servicios sociales, nos sirvan también para impulsar la parte física que está en el espíritu de las leyes de eficiencia, donde debe percibirse un salto adelante" en la Administración de Justicia, que "es un servicio que mejora la democracia y potencia los territorios".