El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las alegaciones efectuadas por Andalucía, a través de la Consejería de Política Industrial y Energía, al anteproyecto de la nueva Ley de Industria que promueve el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para sustituir la actual Ley 21/1992, de 16 de julio, tras su aprobación en el Consejo de Ministros el 5 de diciembre, una vez concluido el periodo de audiencia e información pública el pasado 5 de enero.

En dicho documento, el Gobierno andaluz insta al Gobierno central a revisar la normativa y los procedimientos administrativos que afectan a la industria para promover con carácter general la reducción de cargas administrativas al sector industrial e impulse medidas de simplificación y agilización administrativas en el marco de la nueva Ley estatal de Industria, cuya entrada en vigor está prevista antes de finales de 2023.

Andalucía comparte la necesidad de revisión de la ley actual, que se remonta a 1992, para adaptarla a la realidad actual del sector industrial y atender a los retos estratégicos a los que se enfrenta: reindustrialización, descarbonización y transición energética, y digitalización. Por ello, el Gobierno andaluz ha trasladado 80 propuestas específicas que afectan al objeto, alcance y principios de la ley; a las estructuras de gobernanza del ecosistema industrial; al impulso de la competitividad, la sostenibilidad, el conocimiento, la difusión y la cultura industrial; a la seguridad y calidad industrial; al registro integrado industrial y al régimen de infracciones y sanciones.

El Consejo de Gobierno considera que, al corresponder las competencias en materia de industria a las comunidades autónomas, la normativa debe otorgar más protagonismo a las mismas, y reclama una mayor participación en la elaboración y el desarrollo de la Estrategia Española para el Impulso Industrial, así como una actuación más coordinada entre las comunidades y el Estado a través de la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme, órgano cuyo alcance y frecuencia de reuniones deberían aumentarse.

Asimismo, desde Andalucía se plantea un mayor apoyo por parte del Gobierno central a las iniciativas emprendidas por las comunidades autónomas, coordinar la figura del proyecto industrial de interés general con otras similares existentes en la normativa andaluza, y tener en cuenta el peso de la actividad industrial dentro de la economía de los distintos territorios entre los criterios para impulsar la modernización, desarrollo y competitividad del sector para así favorecer una verdadera convergencia.

Además, la Junta defiende que se debe prestar mayor atención a las áreas industriales, para lo que se proponen medidas enfocadas a facilitar, agilizar y garantizar su adecuado desarrollo y conservación. Desde el Gobierno andaluz ya se han iniciado actuaciones para la mejora y modernización de los espacios productivos y polígonos industriales a través del protocolo de colaboración suscrito entre la Consejería de Política Industrial y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) el pasado 15 de diciembre. También plantea que las comunidades puedan establecer marcas o distintivos para promocionar la imagen de su industria.

Andalucía ha puesto en marcha una política industrial ambiciosa, basada en la colaboración público-privada y orientada a impulsar el fortalecimiento y crecimiento de las cadenas de valor industriales que se desarrollan y pueden desarrollarse en la comunidad, buscando el mayor impacto en la cohesión social y territorial.

Los principales objetivos que se ha marcado para la legislatura la Consejería de Política Industrial y Energía pasan por alcanzar un Valor Añadido Bruto (VAB) industrial de 20.000 millones de euros, que las inversiones industriales en la comunidad sumen para el horizonte de 2026 la cifra de 20.000 millones, así como desarrollar los planes de cadena de valor sectoriales en el marco del Plan CRECE Industria.