La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha visitado la parcela de la antigua fábrica de artillería Santa Bárbara, en Sevilla, que la Junta de Andalucía ha adjudicado recientemente al Grupo ABU, tras más de treinta años abandonada, para construir más de 300 viviendas, espacios verdes y diversos equipamientos públicos para la ciudad.

Carolina España ha recordado que el solar, de casi 30.000 metros cuadrados de extensión, formaba parte del patrimonio de la Junta de Andalucía desde 2010, cuando lo recibió, junto a otros inmuebles repartidos por toda Andalucía, como parte del pago de la deuda histórica que mantenía el Estado con la Comunidad Autónoma de Andalucía.

"Hasta hace cuatro años", ha señalado la consejera, "todas estas propiedades sólo costaban dinero a la Junta y no tenían uso ni generaban beneficio alguno para los ciudadanos. Y en estos cuatro años, la Junta de Andalucía ha obtenido 117 millones de euros por la adjudicación de inmuebles".

Carolina España, en este sentido, ha indicado que "una de las prioridades del Gobierno andaluz, desde que Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta, fue establecer un modelo de gestión integral del patrimonio de la Junta de Andalucía, que potenciara una mayor y mejor capacidad de gestión, más ágil, eficaz y eficiente".

La consejera, de cuya Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos depende la Dirección General de Patrimonio, ha explicado que lo primero que tuvo que hacer el Gobierno de Juanma Moreno fue "definir y ordenar el patrimonio de la Junta de Andalucía, porque mal puede gestionar quien no conoce ni tiene correctamente identificado su patrimonio".

"Estamos resolviendo los problemas que nos encontramos y que ya ponía de manifiesto la Cámara de Cuentas cuando Juanma Moreno llegó a la Presidencia de la Junta. Y una de las cosas que hemos tenido que hacer es identificar inmuebles vacíos o infrautilizados susceptibles de ponerse en valor", ha explicado Carolina España.

Tras detectar decenas de inmuebles, casi un centenar, sin uso o infrautilizados que eran titularidad de la Junta de Andalucía y señalarlos como susceptibles de ser enajenados, la Dirección General de Patrimonio tuvo que regularizar la situación de muchos de ellos antes de poder ponerlos en venta. Había casos de inmuebles embargados por impagos de la propia Junta de Andalucía, la propietaria, como por ejemplo el edificio de Correos de Málaga, por el que hubo que pagar casi 10 millones de euros antes de poder venderlo.

"El Gobierno andaluz está poniendo en valor estos inmuebles, vendiéndolos mediante subastas públicas, con absoluta transparencia y el máximo rigor. Lo que antes era una carga, ahora lo estamos transformando en una oportunidad y una palanca para la inversión, el empleo y el crecimiento. Estamos vendiendo a empresas edificios en desuso, que sólo generan coste a la administración, para que los pongan en valor y generen empleo", ha manifestado Carolina España.

Un ejemplo es el caso de la antigua Residencia de Tiempo Libre de Cádiz, un edificio sin actividad durante casi una década, por el que la Junta pagaba 130.000 euros al año en concepto de IBI y otros gastos de mantenimiento. Tras su venta, la Junta ingresó 11,8 millones de euros, y el proyecto para reconvertirlo en un hotel ha supuesto una inversión de más de 40 millones de euros, mediante fórmulas de colaboración público-privada, a través del Fondo de Desarrollo Urbano (FDU).

"El nuevo uso del edificio ha permitido no sólo poner en marcha un hotel, sino también abrir nuevos viarios y nuevos espacios de uso público, incrementar la actividad económica y comercial y generar riqueza y empleo nuevo", ha dicho la consejera.

La primera subasta, en 2019

La consejera ha llamado la atención sobre el hecho de que, desde el año 2010, cuando se transfirió la propiedad de los inmuebles a la Junta de Andalucía como pago de la deuda histórica, ninguno de esos edificios se comercializó ni se vendió hasta 2019, cuando se celebró la primera subasta.

"La Junta de Andalucía lleva pagados más de seis millones de euros por gastos de mantenimiento de unos inmuebles que ningún gobierno, hasta la llegada de Juanma Moreno, había hecho nada por rentabilizar. Ni económica, ni socialmente", ha manifestado.

La primera subasta se celebró en octubre de 2019. En aquella ocasión se adjudicó el edificio de Correos de Málaga por 23,5 millones de euros, junto con otros dos inmuebles. La segunda subasta se celebró en abril de 2022 y se adjudicaron 12 inmuebles en subasta y tres más en la fase posterior de adjudicación directa. Y en noviembre se celebró la tercera subasta, en la que los cuatro lotes adjudicados por 53,8 millones de euros tenían un precio de salida de 35 millones. Uno de esos lotes era el correspondiente a la antigua fábrica de Santa Bárbara en Sevilla, que se adjudicó al Grupo ABU por 27,4 M€.

En estos momentos, la Dirección General de Patrimonio está preparando la cuarta y la quinta subastas, que se celebrarán, previsiblemente, durante 2023, una en la primavera y otra a lo largo del verano, y que pondrán a la venta 15 y 21 inmuebles, respectivamente.

"La fórmula de las subastas supone un éxito de gestión, en tanto que permite rentabilizar un patrimonio infrautilizado o en desuso, que es de todos los andaluces, y supone un ahorro para la administración y, sobre todo, una oportunidad de creación de empleo y riqueza", ha explicado Carolina España, que ha añadido que, "desde que se iniciaron las subastas, la Junta de Andalucía ha obtenido 117 millones de euros por la adjudicación de inmuebles".

Antigua fábrica de Santa Bárbara

La consejera se ha referido, cómo no, a las instalaciones que pertenecieron a la histórica fábrica de artillería de Sevilla, cuyo origen se remonta al siglo XVI. "Estos terrenos en los que nos encontramos se incorporaron a la fábrica en 1789 y a ella han estado dedicados hasta el cese definitivo de su actividad en 1991. Hace más de treinta años y durante este tiempo, este espacio ha estado cerrado a la ciudad y al uso y disfrute de los ciudadanos", ha insistido España.

El solar tiene una superficie de 29.806 metros cuadrados, de los que 7.521 metros serán ocupados por más de 300 viviendas. De ellas, al menos 101 serán de protección oficial, y el resto de mercado libre. Ello supone más actividad económica y más empleo durante y después de la construcción, y también mayor recaudación tributaria para las administraciones públicas, ha explicado España.

Y, sobre todo, 22.285 metros cuadrados, casi el 75% de la superficie, se van a destinar a dotaciones y equipamientos públicos para uso y disfrute de todos los ciudadanos. "Hablamos de viario nuevo, pero también habrá más de 9.000 metros de zonas verdes (el 30% del espacio), y equipamientos educativos, sanitarios o socioculturales, como bibliotecas, centros cívicos, residencia de mayores, etc".

El proyecto contempla también la rehabilitación y conservación de la gran nave central de la antigua fábrica, protegida urbanísticamente como ejemplo representativo de arquitectura industrial, que se destinará a uso dotacional.