El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha mantenido una reunión tanto con los grupos parlamentarios como con representantes sindicales en la que se ha consensuado la consulta legal que se va a elevar al Gobierno central, con el objetivo de lograr el amparo legal necesario para poder dar una solución a la situación de los interinos de larga duración que no han superado los procesos de selección convocados para la estabilización del empleo público y que, como consecuencia, cesarán tras la incorporación de los funcionarios de carrera que sí han superado el concurso-oposición.

En este encuentro, el tercero que tiene lugar para lograr una "unidad de acción" ante esta situación, todas las partes han acordado explorar las posibilidades de ampliar la aplicación de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, siempre con el respaldo y amparo legal del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

En la reunión, celebrada en el Parlamento, han participado representantes de PP, PSOE y Vox, además de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF e ISA, aunque todos los grupos y organizaciones sindicales estaban invitados. En ella, se ha decidido plantear si existe la posibilidad de ofrecer a este colectivo las condiciones excepcionales de la Ley 20/2021, en un texto que se elevará al Ministerio en los próximos días.

Los procesos de estabilización que actualmente se están terminando de resolver con la toma de posesión de los funcionarios que los superaron provienen de las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018, previos a la publicación de la Ley 20/21 que recoge medidas excepcionales a las que no pueden acogerse estos procesos. Se convocaron mediante concurso-oposición, en lugar de solo oposición, de forma que no solo se contara la puntuación del examen, sino también la experiencia laboral de los candidatos. Pese a ello, alrededor un millar de interinos no superaron el proceso.

Además, aquellas plazas que deriven de estos procesos que hayan quedado vacantes no podrían ser convocadas bajo estos criterios que establece esta Ley, de ahí que ahora se plantee al Ministerio esta consulta legal para poder ampliar y dar amparo a estas plazas.

Por otro lado, para no perder el capital humano de estos trabajadores con años de experiencia en la Administración autonómica, la Consejería ya está poniendo en marcha bolsas preferentes con este personal, ordenado por antigüedad, para cubrir plazas que queden vacantes una vez que los funcionarios que se incorporen escojan destino, así como bajas y necesidades temporales de personal que se produzcan.