El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha realzado la labor de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, "en difícil situación" por la falta de efectivos durante los últimos años, pendiente de nombramientos por el Gobierno Central. Así lo ha afirmado durante el Pleno del Parlamento, donde ha desglosado los datos correspondientes a la Memoria de la Unidad de Policía del año 2022.

Así, Sanz ha explicado que, a fecha de hoy, la Unidad está compuesta por 406 funcionarios, "cifra muy alejada de las 725 plazas asignadas por el catálogo de la Dirección General de la Policía". Esto se traduce en un porcentaje de completitud del 55%, distante del 92% con el que cuenta el Cuerpo Nacional de Policía en sus plantillas. Además, según ha resaltado Sanz, "a lo largo de este año hay previstas otras 18 bajas más".

En ese sentido, el consejero ha asegurado que se mantendrá la reclamación "al Ministerio del Interior de más agentes" para la Unidad de Policía Adscrita y que se firme el nuevo convenio que "tenemos acordado desde hace meses".

Sobre la Memoria de 2022, el consejero ha señalado que los agentes de la Unidad esclarecieron un total de 60 incendios, casi el 90% de los investigados (89%).

Esta recopilación de actuaciones policiales refleja que, una vez pasada la pandemia, la Unidad ha podido devolver a sus funciones específicas a agentes que velaban por el cumplimiento el uso de mascarillas, la distancia interpersonal y el aforo de los locales. Esto ha conllevado una mejora estadística en sus respectivas parcelas.

Así, como ha desglosado el consejero, la Unidad Regional Operativa Medioambiental (U.R.O.M), que persigue el tráfico ilegal de residuos altamente contaminantes (R.A.E.E.), el pasado 2022 añadió 4 personas puestas a disposición judicial a las 11 puestas desde su constitución, superando las 100 toneladas de material contaminante intervenido.

Por su parte, los Grupos de Actuación y Respuesta en Zona Acuática (G.A.R.Z.A.), para mejorar sus actuaciones, fueron dotados en 2022 con cuatro embarcaciones de 5 metros de eslora y equipadas para el uso policial.

Como novedad, Sanz ha mencionado la creación, a finales de año, del E.S.C.V.D.O. (Equipo de Seguridad, Ciberprotección y Vigilancia Digital Operativa). Un equipo se apoya en tres pilares de trabajo: la ciberinteligencia, orientada al análisis diario de los actos de las autoridades y de las previsiones de conflictividad socio laboral al objeto de establecer los dispositivos necesarios para su protección, así como velar por la seguridad de las instituciones; la vigilancia de las redes al objeto de detectar conductas delictivas competencia de esta Unidad y como tercera misión erigirse como punto de contacto con la Agencia Digital de Andalucía, al objeto de ejercer funciones y actividades relacionadas con los ciberataques.

Respecto a los dispositivos extraordinarios en los que participó la Unidad, la Memoria recoge los realizados para la Romería de la Virgen de la Cabeza, el Gran Premio de España de Moto GP de Jerez de la Frontera, el Plan Romero o el Plan INFOCA.

También ha hecho referencia a la labor del Núcleo de Esquí durante la temporada invernal en Sierra Nevada, donde ha destacado "las 1.824 intervenciones efectuadas, 180 de ellas carácter humanitario".

Así, el pasado año destacó especialmente el dispositivo Escaño, planificado y ejecutado con motivo de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022, en el que se veló por la seguridad del Centro de Recogida y Difusión de Datos del proceso electoral y de las Delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, dentro de las funciones realizadas por la Unidad, la Memoria incluye la realización de más de 7.000 inspecciones en viviendas de propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, las 16.623 máquinas tragaperras inspeccionadas, los más de 38.000 cupones ilegales intervenidos, la imposición de 7.114 denuncias por conductas de riesgo en el entorno natural, los 340 menores retirados del ámbito familiar o los 60 puestos a disposición judicial por delitos que victimizan a los menores.