Andalucía pedirá al nuevo Gobierno que se conforme tras las elecciones del 23 de julio "que paralice los nefastos efectos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobada por el Gobierno central". Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante su intervención en el Pleno del Parlamento.

En este sentido, Gómez Villamandos ha avanzado que, gobierne quien gobierne, desde la comunidad autónoma andaluza seguiremos pidiendo que se rectifique esta norma que, aunque ha sido muy demandada por parte de la comunidad universitaria "desde el Gobierno de Andalucía rechazamos por ser una ley orgánica ineficaz, inútil, que aumenta la incertidumbre y la precariedad y que nace sin el consenso de la comunidad universitaria ni de las comunidades autónomas". Además, "el Gobierno andaluz trabaja en la nueva Ley Andaluza de Universidad (LAU) para paliar en lo posible los efectos adversos de la LOSU", ha explicado.

En este contexto, el consejero ha criticado que la LOSU implica que, en Andalucía, tan sólo la rebaja en las horas de docencia de los ayudantes doctores supone un coste que se sitúa en torno a los 20 millones de euros,  una cuantía que exigiremos al Ministerio que sufrague, "ya que las universidades andaluzas no habían previsto aportación económica alguna por este concepto".

Gómez Villamandos ha insistido en que esta ley no da respuesta a los retos actuales y de futuro del sistema universitario. Del mismo modo, ha demandado al Ministerio de Universidades negociación y consenso con las comunidades autónomas". El titular de Universidad ha lamentado que se incluyeran en el texto normativo algunas cuestiones que nada tenían que ver con el contenido de la propia norma y que condicionaban el futuro de las universidades españolas.

Por último, Gómez Villamandos ha incidido en que España ha perdido la oportunidad de crear una ley que nazca del consenso entre los grandes partidos y la comunidad universitaria.