El Consejo de Gobierno ha autorizado el expediente de gasto de 38,7 millones para la contratación por parte de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la gestión, para el periodo entre 2024 y 2028, de los ocho servicios integrales para la ejecución de medidas judiciales de medio abierto (SIMA), que se encargan de la coordinación y control del cumplimiento de medidas no privativas de libertad que imponen los jueces a los menores infractores.

El presupuesto de los servicios a realizar durante ese periodo asciende a 38.778.057,23 euros, que se abonarán según el siguiente reparto anual: 8.078.761,91 euros con cargo al presupuesto de 2024; 9.694.514,31 en el de 2025; 9.694.514,31 en el ejercicio 2026; 9.694.514,31 euros en 2027, y 1.615.752,39 en 2028.

La red de centros y servicios de medio abierto está integrada por un SIMA en cada provincia formado por equipos multidisciplinares especializados en diferentes campos, que desempeñan sus funciones intercambiando la información de una forma sistemática y complementaria para diseñar una propuesta de programa individualizado de ejecución de la medida dictada, ajustado a las características de cada menor. Los jueces de menores pueden imponer varias medidas no privativas de libertad como las tareas socioeducativas, libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, talleres sociolaborales o asistencia a actividades en centros de día.

Los contratos bajo los que actualmente desarrollan su actividad los SIMA finalizarán el 31 de enero de 2024, por lo que se ha iniciado un expediente de contratación dividido en ochos lotes, uno por provincia. El plazo de ejecución del contrato será de 48 meses, desde el 1 de febrero de 2024 hasta el 31 de enero de 2028, trascurridos los cuales se podrá prorrogar por un período máximo de 12 meses, cuyo valor se ha estimado en 8.813.194,83 euros.