El Consejo de Gobierno ha instado a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos la elaboración de un programa de mejora de la racionalización del gasto operativo de la Junta de Andalucía que permita mejorar la eficiencia de la administración en el uso de los recursos públicos y generar márgenes de ahorro.

Entre los objetivos de este programa destacan la eliminación de los gastos innecesarios o ineficientes mediante la optimización de los recursos disponibles, el ahorro de costes y la reinversión de este ahorro en áreas prioritarias, como la mejora de los servicios públicos, la inversión en infraestructuras o la atención de necesidades sociales. También contribuirá a reducir el déficit fiscal y asegurar la sostenibilidad financiera de la administración andaluza, así como a dotar toda la actividad pública de mayor transparencia, facilitando la rendición de cuentas, en el convencimiento de que la transparencia fortalece la confianza de los ciudadanos.

Este instrumento ayudará a mejorar la eficacia y la calidad de los servicios públicos, ya que la racionalización del gasto operativo permitirá liberar recursos, los cuales podrán destinarse a capacitación del personal, adquisición de tecnología más eficiente o la implementación de mejores prácticas de gestión. Por último, el programa de mejora de la racionalización del gasto operativo también contribuirá a garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo de la administración andaluza, ya que una gestión que evite el derroche también evita en gran medida el endeudamiento y permite mantener una gestión fiscal responsable.

El programa de mejora de la racionalización del gasto operativo, por otro lado, es un instrumento que facilita la evaluación continua de la calidad del gasto público y los procesos de revisión de éste en los diferentes niveles de la administración. El objetivo de estabilidad presupuestaria es un requisito constitucional y de la Unión Europea. De hecho, la propia Constitución Española establece en su artículo 31.2 que "el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía".

Así, el acuerdo establece que en la elaboración del programa de racionalización del gasto operativo participarán "las secretarías generales técnicas de las consejerías, los centros o responsables de la gestión del gasto operativo del resto de entidades del sector público andaluz, así como aquellos centros directivos que dispongan de competencias que afecten a la ejecución del gasto con carácter transversal".

Políticas de fomento del ahorro de dinero público

Este acuerdo continúa la línea iniciada en 2019 por la Junta de Andalucía para ahorrar costes innecesarios y aumentar la eficacia de la gestión. En este sentido, la pasada legislatura se puso en marcha una serie de actuaciones para poner en valor el patrimonio inmobiliario en desuso de que disponía la Junta de Andalucía, que estaba generando importantes costes en concepto de mantenimiento y ningún beneficio. Tras ordenar, investigar y regularizar la situación de los inmuebles sin uso o infrautilizados se inició su venta mediante subastas y operaciones de enajenación directa, que han generado ingresos por más de 121 millones de euros y un ahorro de 980.000 euros anuales.

También la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos ha puesto en marcha una gestión prudente del endeudamiento y ha contenido el déficit, a pesar de la suspensión durante los últimos años de las reglas fiscales a causa de la pandemia de Covid, mejor que el resto de las comunidades autónomas. Además, esta gestión responsable y prudente de la deuda le ha valido el reconocimiento de la agencia de prestigio internacional Standard and Poor's, que ha elevado su calificación de 'BBB+' a 'A-', la mejor calificación crediticia de Andalucía desde 2012.

También obedecen a una política de racionalización del gasto los proyectos de contratación centralizada, como el nuevo contrato centralizado de suministro de energía eléctrica de los centros de consumo adheridos a la Red de Energía de la Administración de la Junta de Andalucía (REDEJA), que busca mejorar la eficiencia energética y ahorrar costes. En este sentido, el último contrato ha supuesto un ahorro de 130 millones de euros en los últimos cuatro años.