La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha abonado a los consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores 12.127.207,19 euros para retribuir los servicios prestados por los profesionales del sistema de Justicia Gratuita durante el último trimestre de 2023.

En concreto, el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores recibió el pasado 6 de febrero un total de 935.985,64 euros por los servicios del turno de oficio realizados por los profesionales entre octubre y diciembre, que, una vez comprobadas las certificaciones, no presentaban ningún error.

En el caso de los abogados, se han completado las transferencias al Consejo Andaluz del Colegio de Abogados (CADECA) correspondientes tanto al turno de oficio como a las guardias, incluidas las especializadas en violencia de género. En total, la Consejería ha abonado al CADECA 11.191.221,55 euros de los que 7.874.415,55 euros corresponden a las asistencias realizadas durante el turno de oficio y 3.316.806 euros a las guardias (547.136 euros por las realizadas para asistir a las víctimas de violencia de género).

Una vez que el pasado 31 de enero se recibieron por parte del CADECA las certificaciones de los servicios realizados durante el cuarto trimestre de 2023, se ha procedido al abono de aquellas que no requieren ningún tipo de subsanación dentro de los primeros 20 días hábiles del mes, un plazo que ya se ha establecido como habitual gracias a las reformas realizadas por el Gobierno andaluz que acabaron con los retrasos que acumulaban estos pagos en anteriores etapas, que llegaban a ser de hasta un año.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha agradecido y reconocido "la importante labor que realizan estos profesionales, que "garantizan una asistencia jurídica a todos los ciudadanos".

El próximo pago a los abogados y procuradores, que será el del primer trimestre de este año, se realizará con la nueva Orden de módulos y bases que regula las compensaciones económicas que perciben estos profesionales, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que incrementa sus retribuciones por primera vez desde 2009.

Además, la nueva Orden incluye la retribución por procedimientos que hasta ahora no eran cubiertos por la Justicia Gratuita, como el asesoramiento en procesos de mediación o el trabajo desempeñado a requerimiento judicial, aunque finalmente la persona atendida no tenga derecho a un abogado de oficio por no cumplir los requisitos.

Las cuantías por las guardias ya se incrementaron en 2023, además de aumentar el número de las mismas habilitadas para incluir más de 7.500 especializadas para atender a víctimas de violencia de género.