La Dirección General de Consumo, perteneciente a la Consejería de Salud y Consumo, ha hecho balance de las actuaciones realizadas en el sector de las entidades financieras y banca en los últimos cinco años, periodo en el que se han registrado 4.241 reclamaciones y denuncias presentadas, la mayor parte relacionadas con las cuentas corrientes y otros servicios bancarios, traduciéndose en sanciones de la Administración por valor de más de 22 millones de euros por diferentes irregularidades.

El sector de entidades financieras y banca ha sido objeto de la inspección de Consumo entre enero de 2019 y febrero de 2024, con 448 actuaciones, motivadas por las reclamaciones y denuncias presentadas, y también como consecuencia de actuaciones de oficio previstas en las distintas campañas. De las inspecciones, 232 (52% del total) presentaron irregularidades.

Con motivo de estas irregularidades, desde Consumo se resolvieron 275 procedimientos sancionadores en el ámbito bancario y financiero, lo que supone una media de 55 expedientes cada año. El importe total de las sanciones ha sido de 22.023.498 euros, de lo que resulta un importe medio por sanción de 80.085 euros.

Las infracciones más habituales han estado relacionadas con la introducción de cláusulas abusivas en los contratos, la realización de prácticas comerciales desleales, el cobro de precios superiores a los anunciados, el incumplimiento de las obligaciones de información, también en cartelería o folletos publicitarios, y de las condiciones de prestación del servicio, la no respuesta en plazo a la hoja de reclamaciones, la ausencia de libro de hojas de reclamaciones, el suministro de libro de hojas de reclamaciones no oficiales, y la no atención en tiempo o forma a los requerimientos formulados por la administración.

Desde la Dirección General de Consumo se incide en la inspección de este sector a través de las campañas y las denuncias de personas consumidoras, que generan también actuaciones de control a los bancos.

Entre las distintas actuaciones, ha destacado la campaña centrada en comprobar la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos y créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas y el control desarrollado sobre préstamos al consumo en 2019, tras las que se resolvieron 38 procedimientos sancionadores por casi 17,5 millones de euros.

En 2022 se desarrolló la campaña de inspección de entidades bancarias, en la que se analizaron las condiciones generales de contratación de cuentas corrientes y de ahorro y de tarjetas de crédito y débito, de la que derivaron 5 procedimientos sancionadores con una sanción de casi 3,9 millones de euros.